Las quejas y las denuncias en materia de Dependencia y Discapacidad se incrementaron en el Archipiélago canario a lo largo del pasado año 2018, a tenor de los datos que maneja el Diputado del Común. Esto es lo que le trasladó ayer el adjunto primero de la Diputación del Común, Felipe Afonso, al nuevo director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero, en una reunión en la que le mostró el balance de quejas recibidas en la Institución sobre ambas materias.
"En 2018 -aseguró el adjunto- la oficina del Diputado del Común recibió 376 quejas en materia de Dependencia y Discapacidad, lo que supuso un 17,3% del total de expedientes abiertos en la Institución y un incremento considerable en relación al año anterior. Se trata sin duda de las dos áreas que más preocupan a la ciudadanía, debido sobre todo a los retrasos en la clasificación y reconocimiento del grado de Discapacidad y Dependencia, así como en la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA)", subrayó Afonso.
El adjunto mostró su agradecimiento por la predisposición del director general a establecer una primera toma de contacto que garantice la colaboración de ambas instituciones con el fin común de lograr el bienestar de los ciudadanos.
Montero, por su parte, explicó que es una prioridad del Gobierno canario entablar vínculos que permitan "detectar y paliar todos los posibles obstáculos que hasta la fecha han impedido aligerar el retraso en la atención a las personas dependientes, un derecho reconocido por ley y que desde nuestra responsabilidad en el Gobierno debemos hacer cumplir". "Son personas con problemas de dependencia y discapacidad que ven gravemente mermada su calidad de vida por ello, y somos conscientes de las consecuencias que el retraso administrativo ocasiona en el entorno familiar o las personas cuidadoras".
