Arde el Amazonas. Más de 75.000 incendios en lo que va de año, solo en Brasil. Un 85 por ciento más que en 2018. Se quema también la selva en Bolivia y en Paraguay. Y la amenaza planea sobre toda la cuenca amazónica. Un pulmón verde del planeta ennegrecido por las llamas, el humo y las cenizas. Es el reflejo (aunque no solo eso) de la política de tierra quemada puesta en práctica en Brasil por el gobierno de Jair Bolsonaro, que ha abierto de par en par las puertas de la selva a agricultores, ganaderos, madereros y mineros (promoviendo una deforestación galopante, basada en buena parte en las quemas), y que ha reaccionado a esta crisis ambiental, de consecuencias catastróficas y de alcance mundial, como si no fuera con él, como si se tratase de un asunto casero, como si no estuvieran en juego la mayor superficie de selva tropical de la Tierra (unos 6,7 millones de kilómetros cuadrados), el 10 por ciento de la biodiversidad planetaria y un baluarte fundamental de la captación de carbono atmosférico para contrarrestar el calentamiento global. Incluso se ha permitido culpar de los incendios a las ONG conservacionistas, en una delirante pirueta que le ha dejado en evidencia y que remite a aquel "cuento chino" al que Trump redujo la crisis climática.

La selva tropical amazónica es muy poco inflamable. Su elevada humedad constituye una barrera natural frente al fuego. Sin embargo, cada vez sufre más el azote de las llamas. Según los expertos, esta circunstancia tiene que ver con dos factores: la ganadería, que propicia las quemas para crear pastos, y las talas, que no solo reducen per se la superficie de bosque sino que lo hacen más combustible. La práctica de cortar, quemar y cultivar, y volver a cortar, quemar y cultivar es un cáncer que padecen todos los bosques tropicales del mundo, y no tiene solo el efecto directo y evidente de la deforestación, sino que altera las condiciones climáticas locales, que se hacen más inhóspitas para el bosque, al tiempo que éste se vuelve más abierto, seco e inflamable. Como consecuencia, los incendios se multiplican exponencialmente y se hacen más devastadores. Y un gran incendio no hay quien lo pare; por eso los expertos insisten en que la lucha contra los fuegos en el Amazonas debe sustentarse en la prevención y en un cambio del modelo actual de gestión.

Medio centenar de organizaciones no gubernamentales de Sudamérica, encabezadas por BirdLife International, suscribieron el pasado 24 de agosto un manifiesto en el que instan a los gobiernos de Brasil, Bolivia y Paraguay, cuyos territorios se han visto directamente afectados por los incendios (también han alcanzado Perú), así como al resto de países de la región amazónica, a tomar medidas. La línea de acción que proponen se basa en tres puntos: enviar ayuda de forma inmediata para extinguir los fuegos, a petición de los países afectados (Brasil la rechazó inicialmente, pero ahora parece dispuesto a aceptarla siempre que el operativo esté bajo su control); restaurar las zonas dañadas y asistir a la población y a la fauna salvaje afectadas por el fuego, el humo y la polución (en algunos lugares se han registrado concentraciones de partículas de 170 microgramos por metro cúbico, muy por encima de los 25 tolerables según el criterio que establece la OMS), y modificar las actuales políticas que incentivan la deforestación y la explotación no sostenible de los recursos amazónicos.

Una de las prácticas que más está contribuyendo en los últimos años a la pérdida de selva amazónica, especialmente en Brasil, es el cultivo de la soja (empleada, sobre todo, en la elaboración de piensos para las vacas, los pollos y los cerdos que se consumen en Europa), que ya ocupa una superficie superior a la de España. Buena parte de esa extensión corresponde a cultivos ilegales. Las plantaciones de palma aceitera, que han devastado las selvas asiáticas y centroafricanas, se han introducido igualmente en el Amazonas y se prevé que crezcan con rapidez. La creación de pastos ganaderos es otro motor de la deforestación (de gran importancia en Brasil, el primer productor de ganado del mundo), y asimismo la explotación industrial de maderas amazónicas, de las que España es uno de los principales importadores. Todas estas prácticas se sirven del fuego para abrirse camino. Como consecuencia, se emiten enormes cantidades de gases invernadero a la atmósfera, hasta el extremo de que, en Brasil, el 75 por ciento de tales emisiones se debe a la deforestación por quemas y su magnitud es tal que este país es el cuarto del mundo en emisiones de dióxido de carbono. Y cuanto más se reduce la selva, menor es también su capacidad de absorción de esos gases, su efecto de compensación.

El problema es complejo y universal, pero en el caso de Brasil, además, está institucionalizado. Bolsonaro ha hecho una apuesta decidida por el "agronegocio" y le ha dado a este lobbie el control y la gestión de los recursos naturales. También se han incrementado en toda la cuenca amazónica las concesiones mineras e hidroeléctricas, y los contratos para la extracción de gas y de petróleo. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), el 15 por ciento del bioma amazónico y más de la mitad de las áreas protegidas de la región (alrededor de 24 millones de hectáreas) están afectados por la explotación de hidrocarburos y minerales.

Las carreteras, las vías férreas y las nuevas rutas de transporte fluvial también contribuyen a la transformación y el deterioro de la Amazonia, al tiempo que hacen accesibles (y por tanto vulnerables) más zonas de la selva, incluidas algunas de gran valor ecológico, como las que cruza la carretera interoceánica entre Perú y Brasil. Actualmente está en marcha una veintena de proyectos de construcción de grandes carreteras en el Amazonas.

Los problemas del Amazonas vienen de largo, pero la crisis de los incendios de este año les ha dado visibilidad, ha creado alarma y ha provocado reacciones. A la oferta de ayuda del G-7, que suscitó inicialmente una situación muy tensa entre Bolsonaro y el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha sumado el ofrecimiento del mandatario colombiano, Iván Duque, de liderar un pacto para la conservación de la Amazonia con los países que tienen territorios en esta región, y validarlo ante las Naciones Unidas. "Todos, absolutamente todos, debemos entender que la protección de nuestra madre Tierra es un deber moral", manifestó Duque, quien habló sobre su propuesta con el propio Bolsonaro y con su homólogo chileno, Sebastián Piñera.

La propuesta está sobre la mesa. Y apremia ponerla en práctica, variar el rumbo en la gestión del Amazonas. De no ser así, las proyecciones basadas en la tasa actual de deforestación indican que en poco más de una década (en 2030) habrá desaparecido casi un tercio de la selva, unos 85,4 millones de hectáreas. Entre 2000 y 2013 ya se perdió el 4.7 por ciento de la superficie forestal amazónica, principalmente en Brasil. Recientemente se han identificado otros seis nuevos frentes de deforestación en la Amazonia andina y en el Escudo guayanés. El problema deriva de las políticas nacionales de gestión de los recursos naturales, que se han volcado en una explotación desmesurada y cada vez más permisiva, de manera que se ha generado una presión insostenible sobre la selva. Como dato revelador, gran parte de los proyectos de explotación se desarrollan en espacios protegidos (que suman, sobre el papel, la mitad de la superficie de selva amazónica), y eso si no son desposeídos de tal estatus para evitar frenos a la extracción de recursos.

Y al problema ambiental aún hay que sumar el humanitario y social, ya que esta crisis está teniendo una repercusión directa, y sangrienta, en las comunidades indígenas (tres millones de personas distribuidas en 420 tribus), que son desposeídas de sus tierras, desplazadas y diezmadas, pues cunden los asesinatos (casi invariablemente impunes) de los opositores a las políticas de explotación. Y es que la expansión de la agricultura, la ganadería y la producción maderera y minera se proyecta sin tener en cuenta a los indígenas, sus necesidades y sus derechos.

"La Amazonia alberga dos dicotomías, la abundancia y la violencia; se debate permanentemente entre la vida y la muerte", plantea el destacado economista y político ecuatoriano Alberto José Acosta Espinosa en un artículo de la "Revista Crítica de Ciências Sociais". "Durante mucho tiempo la inmensa selva amazónica ha sido vista como una reserva de recursos naturales donde el capital hace 'sus compras' a conveniencia. La misma complejidad de ese territorio hace necesarias nuevas perspectivas y varias propuestas de salida a su posible devastación. Ese territorio tiene vida propia y es generador de nuevos saberes, esos que el modelo occidental trata de callar; eso explica también por qué se ha convertido en un territorio de resistencias", añade. Y concluye: "Es urgente pensar en salidas globales y, sobre todo, locales para los diversos problemas antes de que sea demasiado tarde. Se precisan respuestas integrales que permitan transitar hacia el buen vivir y que nos posibiliten pensar en una sociedad posextractiva y poscapitalista. Desmercantilizar la Amazonia es el reto impostergable".

Bolsonaro, un político incendiario al frente de la gran joya natural del planeta

  • El Gobierno de Brasil aseguró este miércoles que aceptará toda ayuda externa de organizaciones o países para ayudar a combatir los incendios forestales en el Amazonas, siempre que pueda decidir cómo usarla. Tras unos días de tensión con el presidente francés, Emmanuel Macron, el Ejecutivo brasileño de Jair Bolsonaro decidió aceptar la ayuda internacional de 18 millones de euros para paliar los fuegos que desde hace varias semanas están descontrolados y arrasan la Amazonia con rapidez.
  • Los últimos años en la historia de Brasil han tenido un efecto devastador en la región. No sorprende que el Amazonas esté sufriendo con la Administración Bolsonaro, no solo por su histórico posicionamiento frente al ambientalismo, sino también porque uno de los sectores que suele aportar moderación a su gobierno se encuentra alineado con esa política: los militares comparten la visión de la Amazonia como el lugar de la defensa de la soberanía, de las riquezas naturales del país. Y lo que ven en el Amazonas es centralmente eso: riquezas.
  • En 2012, el ahora presidente Bolsonaro fue multado por realizar actividades de pesca en un área protegida. Un año más tarde los medioambientalistas le acusaron de vengarse al lanzar un proyecto de ley para desarmar a la policía medioambiental, que sufre de por sí acoso y continuos crímenes que, en ocasiones, llegan al asesinato por parte de los "grileiros", las personas que se intentan apropiar de tierras ajenas. El proyecto fue aprobado en 2018, poco antes de su llegada al poder.
  • Desde la campaña electoral Bolsonaro ha defendido la explotación de las tierras indígenas, lo que ha sido duramente cuestionado por ambientalistas locales e internacionales. El presidente brasileño llegó a decir: "Los indios no hablan nuestro idioma, no tienen dinero, no tienen cultura. Son pueblos nativos. ¿Cómo pueden obtener el 13% del territorio nacional?"
  • La política ambiental de Bolsonaro se tradujo en una reducción significativa de las operaciones de fiscalización ambiental y un recorte del 34% de las multas aplicadas por el IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente), el menor número desde 1995.
  • En los pasados días, Brasil registró el mayor número de focos de incendio en los últimos siete años. A esto se suma que la prevención y el control de incendios han perdido un 38,4% de su presupuesto; la partida para la concesión de licencias ambientales es un 42% menor, y la agenda climática se redujo un 95%. La primera reacción de Bolsonaro fue culpar a las ONG, a las que acusó de provocar los incendios en la Amazonia. Pero los grupos ecologistas mantuvieron que las llamas son producto de la acción de hacendados alentados por las políticas de Bolsonaro que ven el camino abierto a la explotación de la región en los campos de la minería y la agropecuaria, lo que ya ha causado fricciones con Alemania y Noruega, que financian la protección de la Amazonia. En las últimas semanas ambos países han congelado estas ayudas como castigo.
  • Pero este no ha sido el único conflicto: Macron anunció hace unos días que retiraría su apoyo al acuerdo Mercosur-UE ante la parsimonia de Bolsonaro frente a los incendios en la Amazonia. No obstante, es difícil imaginar que la UE esperara una política ambientalista del Ejecutivo brasileño, que en enero aprobó un récord en el uso de agrotóxicos.
  • Francia había afirmado previamente que Bolsonaro "mintió" cuando se comprometió a respetar los compromisos de lucha contra el cambio climático. La tensión bilateral pasó a la dimensión personal cuando Bolsonaro hizo el fin de semana un comentario las redes sociales en el que le reía la gracia a un ofensivo mensaje contra Brigitte Macron, primera dama de Francia. Macron calificó los comentarios de "extraordinariamente irrespetuosos".
  • El presidente francés reflexionó el pasado lunes sobre la oportunidad de conferir un "estatuto internacional" a la selva amazónica, en caso de que "un Estado soberano tomase medidas claramente contrarias al interés de todo el planeta", lo que provocó una escalada de tensión entre ambos países. La respuesta de Bolsonaro no se hizo esperar, y cuando la UE ofreció los 18 millones de euros para solventar los fuegos durante las reuniones del G7, el presidente brasileño comentó que Macron debía retirar los insultos contra él. "Primero me llamó mentiroso y dijo que nuestra soberanía en la Amazonia era una cuestión abierta", dijo.
  • Ahora Bolsonaro ha dicho que está dispuesto a recibir ayuda externa para combatir los incendios amazónicos con la condición de que su Ejecutivo pueda administrar estos recursos de forma totalmente independiente. Los mandatarios de las nueve regiones amazónicas afectadas expresaron su preocupación por la actitud de Bolsonaro, que comprometía fondos vitales para preservar la mayor región de bosque tropical del planeta y el también llamado "pulmón" del mundo, que ahora camina en llamas hacia su agonía.