El Cabildo apura las opciones para que Tragsa siga en el Teide

El intrincado proceso que ha terminado con el riesgo de que los empleados -algunos de ellos con más de veinte años en la empresa, según Comisiones Obreras- pierdan sus empleos comenzó hace dos años, cuando la dirección del parque optó por modificar la encomienda que mantenía desde hacía dos décadas con Tragsa para que los operarios del grupo empresarial ampliaran sus funciones. Hasta ese momento, relatan fuentes de la corporación insular -transmitiendo la información facilitada por la dirección del parque nacional-, se habían limitado a prestar apoyo a tareas de vigilancia y carecían de competencias para denunciar o poner multas. Cuando presenciaban una infracción, tenían que llamar a la Guardia Civil o a un agente de Medio Ambiente.

El crecimiento exponencial del volumen de visitantes intensificó la actividad en el parque y obligó a dotar de nuevas atribuciones a los trabajadores de Tragsa, que pasaron a usar uniforme y a levantar actas de denuncias. Este paso, indican desde el Cabildo, se dio "de la mano de la Guardia Civil", no solo en materia de formación sino también en lo referente a su conformidad con la fórmula utilizada, que no era otra que los empleados de la empresa actuaran como guardas rurales. Según apuntan las fuentes, el proceso se llevó a cabo con el "visto bueno" de la institución armada.

Paradójicamente, fue la propia Guardia Civil -a través del Servicio de Protección y Seguridad (Seprose)- la que posteriormente concluyó que las funciones desempeñadas por los operarios de Tragsa no se ajustaban a lo que dispone la Ley de Seguridad Privada. Hasta ese momento, las partes implicadas habían actuado entendiendo -y así parecía habérselo confirmado la benemérita- que se daban las condiciones precisas para que se interpretase que la norma sobre seguridad privada admitía una excepción en casos como este.

Este nuevo criterio se adoptó tras una serie de denuncias y consultas sindicales. Primero -explica el Cabildo- se produjo una denuncia de Comisiones Obreras, después de la cual la dirección del parque nacional corrigió las "disfunciones" detectadas. A continuación se sucedieron las de USO, el CSIF y la Asociación de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias (Afmacan), que sostenían que la actuación de los trabajadores de Tragsa en el Teide constituía intrusismo y usurpación de funciones. Fue entonces cuando el Seprose de la Guardia Civil, en respuesta a las consultas planteadas, advirtió de que las funciones de los operarios como guardias rurales se encontraban al margen de las previsiones de la ley y debían ser asumidas por trabajadores de empresas de seguridad privada.

Esos son los antecedentes de la situación en la que ahora están los operarios de Tragsa -doce con vinculación fija, según los datos del parque nacional-. El Cabildo tiene como último recurso una nueva consulta a la Guardia Civil que determine, de una vez por todas, si el personal de la empresa pública puede ejercer funciones de guarda rural. Además, se reunirá con la gerencia de Tragsa para interesarse por el destino de los afectados. Pase lo que pase, la administración insular recalca que los propios visitantes del Teide valoraron el "salto cualitativo" que, en términos de seguridad y respeto al entorno medioambiental, se produjo cuando estos trabajadores pasaron a realizar las labores de vigilancia.

Subcontratación

El cambio en la prestación del servicio de vigilancia en el parque nacional se aprobó en abril, cuando se acordó destinar 5,5 millones de euros a la ejecución del servicio de limpieza, mantenimiento y apoyo al uso público y a la vigilancia de este espacio. Estas últimas funciones -alertó CCOO en un reciente comunicado- serán subcontratadas a partir de septiembre a una empresa de seguridad privada, cuyos efectivos reemplazarán a los de Tragsa.

"La dirección de la empresa no está facilitando la necesaria y legalmente obligatoria información a los representantes de los trabajadores", indica la organización sindical, que sostiene que tiene "información no oficial" que apunta a que una parte de los afectados serán despedidos y otros reubicados en otros espacios de la Isla, aunque solo por seis meses más.

Por su parte, Tragsa ha recordado que es un "medio propio" del Cabildo y que, en esa condición, ejecuta los encargos que este le hace. "Tanto Tragsa como Tragsatec -las dos empresas del grupo- se encuentran a disposición de todas las administraciones que forman parte de su accionariado, en el que están representados todos los cabildos, además del Gobierno de Canarias". Sobre el "personal adscrito al servicio de vigilancia que se venía prestando en el parque nacional", asegura que se encuentra a la espera de las "instrucciones" que reciba de la corporación tinerfeña, en función de las cuales "se organizarán los medios necesarios para garantizar la máxima eficacia y calidad en el servicio".

Las claves

• Encomienda. Tragsa desarrolla funciones de apoyo a la vigilancia en el parque nacional del Teide desde hace alrededor de veinte años, pero hace dos la encomienda fue modificada para permitirles actuar como guardas rurales, uniformados y con competencias para levantar actas de denuncia.
• Denuncias. Una sucesión de denuncias de sindicatos y asociaciones llevó a la Guardia Civil a emitir informes que concluían que la fórmula escogida contraviene la Ley de Seguridad Privada y que solo las empresas que se dedican a esta actividad pueden desempeñar funciones de guarda jurado.
• Reunión. El Cabildo de Tenerife espera la respuesta la Subdelegación del Gobierno en la provincia sobre la legalidad de la fórmula y hoy se reunirá con la gerencia de Tragsa para tratar la situación y abordar el futuro de los trabajadores afectados.