El Gobierno canario está dispuesto a "flexibilizar" los plazos de ejecución establecidos en el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, dados los retrasos que se registran en algunas islas en la justificación de obras, lo que les impediría seguir obteniendo financiación regional.
Esta iniciativa prevé la ejecución de 5.465 plazas para la atención a mayores y personas con discapacidad en el conjunto del Archipiélago. Tenerife será el territorio insular que cuente con un mayor volumen, puesto que el plan se suma al Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI). De las 2.655 plazas que le corresponden a la isla, 1.500 se vinculan al Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. En cuanto a la financiación, se destinarán 90 millones de euros, de los que 50 millones saldrán del presupuesto del Ejecutivo regional.
La consejera de Derechos Sociales del Gobierno canario, Noemí Santana, aseguró ayer que la Administración autonómica "va a poner toda su voluntad para que salga adelante" este programa.
Antes de reunirse con los responsables insulares en materia de políticas sociales, Santana informó de que el Gobierno ha detectado que los cabildos han tenido ciertas dificultades para ejecutar las obras y, por lo tanto, para justificar las anualidades 2017 y 2018 de este convenio bilateral, lo que impediría que obtuvieran la financiación autonómica prevista para 2019, de unos 43 millones.
"Nos queremos sentar con ellos para buscar entre todos una salida a esta situación, ya que el 31 de octubre hay que presentar las primeras justificaciones" y existe "un poco de retraso por parte de los cabildos, tal y como se preveía, por lo que vamos a intentar buscar alternativas por parte de las dos partes, tal vez a través de la firma de una nueva adenda que permita flexibilizar" para que se puedan cumplir los plazos, dijo Santana.
La consejera explicó que los problemas que tienen las corporaciones insulares para acometer estas infraestructuras "no están relacionados con la falta del dinero, ya que la Comunidad Autónoma les transfirió la financiación correspondiente a las anualidades 2017 y 2018, sino con otro tipo de escollos", como la imposibilidad de incluir como gastos el coste de los terrenos, de la misma forma que en la adenda anterior se incorporaron como tales los relativos al personal empleado para llevar a cabo los distintos proyectos.
Con este segundo plan se pretende elevar de 3,5 a 5 las plazas o recursos sociosanitarios disponibles en Canarias por cada cien habitantes, si bien "eso dependerá de la capacidad que se tenga para construir nuevas infraestructuras", matizó la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez.
La vigencia del plan se prolongará hasta 2021. Con un presupuesto de unos 263 millones de euros, de los que el Gobierno canario aportará unos 161, supondrá crear 5.466 plazas en Canarias.
La inversión en El Hierro será de 7,6 millones de euros, de los que el Gobierno regional aportará 6 y se crearán 147 plazas, mientras que en La Gomera el Ejecutivo invertirá 10 millones para disponer de 185 plazas nuevas. En Fuerteventura la Administración regional destinará 17 de los 24 millones con los que se dispondrá de 350 nuevas plazas, mientras que en Lanzarote la aportación del Gobierno ascenderá a 10 millones para conseguir 180 plazas nuevas.
En La Palma habrá 496 plazas y, para ello, se invertirán 26,3 millones, de los que 18,1 serán del presupuesto autonómico.
En Gran Canaria, el Ejecutivo regional aportará 50 de los 95 millones con los que habrá unas quince actuaciones para dar respuesta a la lista de espera y se crearán 1.453 plazas sociosanitarias.
