Comisiones Obreras lanzó ayer la alerta sobre la situación en que quedarán los trabajadores de la empresa pública Tragsa que dejarán de prestar el servicio de vigilancia en el parque nacional del Teide al ser sustituidos por operarios de empresas de seguridad privada. El sindicato recordó, mediante una nota, que el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó el pasado abril, cuando el mandato tocaba a su fin, una inversión de 5,5 millones de euros para la ejecución del servicio de limpieza, mantenimiento, apoyo al uso público y apoyo a la vigilancia de este espacio natural durante el periodo 2019-2023, que implicará que el personal de Tragsa sea reemplazado por guardas jurados del sector privado. A los afectados se les ha comunicado que en septiembre tendrán que dejar sus puestos.

La corporación insular explicó, también a través de un comunicado, que, a través del área de Gestión del Medio Natural y Seguridad, dirigida por Isabel García, se encuentra recabando "toda la información existente referente a la situación de los trabajadores y trabajadoras de la empresa pública Tragsa, que prestan servicio en el Parque Nacional del Teide". El Cabildo ya ha solicitado mantener una reunión con la gerencia de la firma, pero esta no ha sido posible "con motivo de un viaje" de su responsable. "Esperamos que se pueda solucionar un asunto en el que se verían afectadas más de una decena de familias", añadió la administración insular.

CCOO detalla que son 16 los empleados de Tragsa que, tras una denuncia por "intrusismo" presentada por el sindicato USO y la Asociación de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias (Afmacan), han dejado de actuar como guardas rurales para volver a "las condiciones normales de trabajo de apoyo a la vigilancia e información que venían desarrollando". La organización sindical relata que, por requerimiento del Cabildo y de la dirección del parque nacional, los trabajadores de la empresa pública habían sido "reconvertidos, formados y uniformados" como guardas rurales, una figura propia de la seguridad privada que finalmente han tenido que abandonar después de que la Guardia Civil advirtiese a Tragsa de la irregularidad que cometía.

No obstante, Comisiones advierte que "no queda claro si el parque nacional del Teide entraría o no en el ámbito de actuación del personal de seguridad privada, pues, según lo previsto en la ley que rige este sector, los guardas rurales en sus distintas especialidades ejercerán sus funciones en la esfera del ámbito privado".