Santiago, Miguel, David , Javier... Son parte del comité de huelga, formado por diez de los 84 trabajadores de la empresa Ombuds, concesionaria hasta ahora del servicio de seguridad de la Universidad de La Laguna. Mantienen la convocatoria de paro indefinido para el próximo día 6. Detrás de ellos y sus compañeros llevan el bagaje de muchos años de labor profesional como vigilantes -22, 21, 15 y 32 respectivamente, una media de 15 en la plantilla-, varias subrogaciones, un paso por el temido Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y un futuro laboral incierto. Todavía más desde que esta misma semana el BOE publicara oficialmente el concurso de acreedores solicitado de manera voluntaria y la designación por el juzgado de un administrador concursal.
"Somos el 1% de los 8.000 trabajadores a nivel nacional y estamos los últimos en el orden de cobro después de Hacienda, Seguridad Social y los acreedores. Nos tememos lo peor". Así valoran lo que ocurre desde el comité de huelga, que ha pedido "las copias básicas de los compañeros contratados para saber sus condiciones, ya que algunos han sido trasladados a la ULL desde otros servicios".
Añaden que "mantenemos la huelga y retomaremos las medida el día 4 o el 5. Queremos mantener abierto el contacto con la ULL, que no lo ha tenido con nosotros y vamos a registrar una nueva petición para que nos reciban".
El día 8 cierra la universidad y la intención era que se mantuvieran servicios mínimos. Pero "no los vamos aceptar y nos ampara la ley porque no se trata de servicios críticos como los de hospitales, aeropuertos o centrales nucleares". Insisten en que "hemos intentado que nos reciba el gerente para dialogar. Le anunciamos por correo electrónico la situación el 8 de junio y el 16 la convocatoria de las asambleas de trabajadores que refrendaron la movilización".
El Comité de Empresa, ahora de Huelga, está formado por cinco miembros, uno por sindicato: CCOO, USO, UGT, IC y SB (Sindicalistas de Base).
Los representantes de los trabajadores explican que "nos deben el prorrateo a partir del mes pasado de la doble paga de julio, la nómina de junio y desde mañana (día 3) la de julio. Y a algunos compañeros también mayo".
El argumento es que "nos vemos desamparados y cada día corre en nuestra contra. Venimos de varias subrogaciones y sabemos lo que hay. De Machín Seguridad a Casesa hace cinco años y luego de esta a Ombuds, que la absorbió. Y en la primera llegamos al Fogasa para terminar perdiendo bastante dinero después de estar varios meses sin cobrar. No queremos que eso nos vuelva a ocurrir".
Estiman que "la ULL debe demostrar la implicación que pregona. En primer lugar recibiendo a este Comité de Huelga para explicarle la situación. Que nos den su versión y nosotros podamos transmitirla a la plantilla". Además, "si la situación ya es repetida la ULL debería tener algunas medidas previstas. Y no es así".
El administrador concursal de Ombuds ha enviado a sus clientes, incluida la ULL, una carta en el sentido de que "el concurso no es motivo para la resolución de los contratos que deben respetarse". Ayer mismo, CCOO y UGT informaban de que el administrador se ha comprometido a dar una respuesta sobre la situación de la empresa en un plazo máximo de siete días. El tiempo corre deprisa para los trabajadores.
"Trabajo intenso"
"Estamos trabajando intensamente en ello y estoy seguro de que habrá una solución y pronto". Lo asegura el gerente de la ULL, Juan Manuel Plasencia. De momento la institución ha ampliado el plazo de presentación de ofertas de empresas para el servicio de seguridad hasta el 16 de este mes -había expirado el 26 de julio-. Los trabajadores consideran que "ya se está tardando porque viene un mes, agosto, inhábil y de inactividad y será uno más sin cobrar". Se sienten "amparados por una sentencia del Supremo del 27 de septiembre de 2018 que obliga al pago de todas las cantidades adeudadas en caso de subrogación". Creen que "la universidad está actuando con pasividad y podría buscar una fórmula temporal de arreglo". En este sentido, alegan, "la concesión se acabó en abril y se ha ido renovando luego mes a mes. Resulta complicado que ahora alguna empresa quiera asumirlo pero podría haber sido un modelo para garantizar trabajo y cobro".
