En Canarias se estima que existen más de 200 casos de desaparecidos, personas a las que se les perdió la pista un día y nunca se supo más. Estos dramas han vuelto a la actualidad después de que el pasado lunes la familia de uno de ellos viajara a Tenerife desde Irlanda para activar la búsqueda. Se trata de Peter y Jackie, los padres de Peter Wilson. A este hombre de 33 años se le perdió el rastro hace casi cuatro meses, la noche del 23 al 24 de marzo, en el Sur. El caso sigue abierto para la policía española y la irlandesa. Pero no hay ni una pista. Ni de Peter ni de tantos más.
Son unas tragedias que, en la inmensa mayoría de los casos, quedan en el olvido para el resto de la sociedad con el paso de las semanas, los meses y los años. Pero el golpe moral para sus familiares es notable. Su ser querido no aparece y ellos se encuentran desamparados, desorientados y llenos de preguntas o incertidumbres. Santiago Martín es coordinador de SOSDesaparecidos en el Archipiélago y apunta que muchos de esos ciudadanos que sienten la ausencia llegan a sufrir depresión o agonía. Martín señala que "somos una de las comunidades autónomas con mayor número de desaparecidos, junto a Cataluña, Andalucía y Galicia, a pesar de que estos territorios tienen una mayor extensión y más población que las islas.
Joaquín Amills, presidente nacional de SOSDesaparecidos, recuerda que más de 13.000 personas permanecen desaparecidas en los últimos 20 años. Y la cifra de cadáveres o restos humanos que están sin identificar en depósitos de todo el país supera los 4.000, según Amills. Para este directivo de la entidad, no resulta sencillo hoy en día que las desapariciones voluntarias de adultos se prolonguen muchos años en el tiempo. En opinión de Amills, "todo está informatizado" y resulta muy difícil que una persona se pueda marchar y vivir sin utilizar su DNI, pasaporte, carné de conducir o tarjeta de la Seguridad Social durante varios lustros. Aclara que "meses es posible, pero años resulta muy difícil". Recuerda que hace varias décadas podía ser sencillo, puesto que no había bases de datos interconectadas. Pero, según Amills, cada vez que un agente de un cuerpo de seguridad identifique a esa persona en un control de tráfico o por la calle, "saltaría la alarma si la denuncia sigue activa".
Con el nuevo protocolo existente para afrontar este tipo de situaciones, las desapariciones se dividen en voluntarias, involuntarias o forzosas. Las primeras corresponden, por ejemplo, a menores que abandonan un centro de acogida o de medidas judiciales, o bien la de aquellos ciudadanos que se llevan las maletas o dejan una nota. Entre las involuntarias se hallan, entre otros, los casos de quienes abandonan su hogar a raíz de sufrir algún tipo de enfermedad mental.
Las forzosas se identifican con los episodios en los que existen retenciones ilegales, secuestros, asesinatos con ocultación del cadáver o sustracciones de menores por alguno de sus padres, por ejemplo. El portavoz nacional de SOS expone que "seguimos diciendo que un asunto es de alto riesgo si la persona sufre depresión y deja una nota de despedida, lo que implica que hay que actuar con urgencia".
Amills indica que el nuevo protocolo unifica y acelera procesos de investigación desde la denuncia, con el mismo formulario para la recogida de datos. Este conjunto de pautas es valorado como un "gran paso" por la citada organización. Pero Amills destaca que ahora habrá que llevar el texto a todos los cuerpos de seguridad, tanto a la Policía Judicial como al resto de unidades.
Santiago Martín apunta que, con los casos de menores, "desde hace tiempo venimos reclamando que es importante una mayor prevención y seguimiento de los problemas familiares asociados a los mismos". Comenta que, cuando desaparecen, los menores siempre están expuestos a riesgos, ya que no se sabe si están vagando por las calles o en manos de quién. Por ese motivo, cree que es importante que se emita una alerta para intentar facilitar la localización lo antes posible.
Pero señala que, cuando los adolescentes residen en centros de acogida y están bajo la tutela del Gobierno de Canarias, el problema que nos encontramos consiste en que la familia nos pide ayuda a SOS, pero, cuando llamamos a estos recursos, sus responsables no autorizan a la difusión de la alerta de búsqueda, "lo cual supone un grave riesgo para el menor". En opinión del coordinador de la citada entidad, de esa manera "puede quedar cuestionada esa verdadera protección que debe tener el adolescente".
Martín apela a la sensibilidad de la sociedad canaria para hacer frente a este fenómeno, porque "todos nos tenemos que sentir implicados con este problema, ya que nunca sabemos cuándo nos puede tocar". En estos momentos, SOSDesaparecidos trabaja directamente y de forma habitual con unas 35 familias. En muchos casos, se denuncia y nunca se sabe nada más, ni de la persona desaparecida ni del estado de sus familiares. Una de las tareas que impulsa la entidad es establecer convenios con los ayuntamientos para que, cuando uno de sus vecinos desaparezca, desde el consistorio se pueda contar con dicha organización para ayudar a las familias mediante herramientas y profesionales que desde el minuto uno puedan intervenir y asesorar. Martín indica que "es muy complicado apoyar a los familiares, ya que estos viven a diario la ausencia de ese ser querido, cuando son muchas las preguntas y no hay ni una respuesta". Aclara que, según la forma de ser de cada persona, unos se vuelven luchadores para conocer la verdad y otros no tienen fuerzas para abordar la situación.
Los dos casos más mediáticos de Canarias son los de Yéremi Vargas, de Vecindario, y Sara Morales, de Las Palmas. La familia del primero ha solicitado recientemente que se levante el archivo sobre el asunto e insiste en la validez de la pista sobre el hombre que fue detenido por la Guardia Civil y quedó libre por falta de pruebas.
En el CND se introducen nuevos datos
Las cifras globales sobre personas desaparecidas en España se actualizan periódicamente, ya que en el Centro Nacional de Desaparecidos se incluyen casos no resueltos del pasado periódicamente. En más de la mitad de los asuntos que se denuncian, las personas son localizadas en los tres días posteriores a que el asunto se ponga en conocimiento de las fuerzas de seguridad. Según una información divulgada por el periódico El País recientemente, de los más de 13.400 casos que continúan sin esclarecerse, el 89 por ciento corresponden a hombres y el 10 por ciento restante, a mujeres. En un uno por ciento de ellos no se especifica el género. La mayoría, adolescentes entre los 13 y los 17 años Respecto a las personas que no han sido encontradas y que figuran en las estadísticas del Ministerio del Interior, los menores de 13 años suman 338; los de entre 13 y 17 alcanzan la cifra de 10.568 (79%); entre 18 y 35 años llegan a 1.056, mientras que entre 36 y 65 años ascienden a 1.101. Respecto a las personas que siguen sin ser localizadas con más de 65 años, se contabilizan 309. Durante el año 2017 se registraron 1.896 casos; el pasado ejercicio llegaron a 6.254, mientras que en lo que va del 2019 ya llegan a 2.163. Todos ellos suponen el 77% de los episodios sin aclarar.
