Tres semanas de "caos informático" en los juzgados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife debido a problemas con la última actualización del tramitador de gestión procesal Atlante II, y aunque ya ha transcurrido todo este tiempo con los juzgados funcionando solo a un 30% de la carga habitual de trabajo, de momento "no hay respuesta" de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno canario.

De nuevo se repite la historia que sufren funcionarios y usuarios de la Administración de Justicia en esta provincia cada vez que se ejecuta una actualización de este programa informático. "Y solo ocurre en la provincia occidental porque no se han llevado a cabo las inversiones económicas necesarias para dotar de equipos informáticos más modernos o potentes a los juzgados de Tenerife y La Palma en mayor medida por su volumen de trabajo, pero también en La Gomera y El Hierro, como ha ocurrido en la provincia de Las Palmas, donde sí ha habido una importante inversión en equipamiento", denunciaron ayer los representantes sindicales de los funcionarios de Justicia en Canarias: Dulce Paz (CCOO), David Ortuño (Intersindical Canaria), Desirée Guevara (STAJ) y Hugo Melgar (CSI-F).

Los portavoces de los sindicatos señalaron que "solo" sabemos lo que ha publicado la prensa porque la Administración autonómica "nos ha dado la callada por respuesta".

El pasado martes, el director general de Telecomunicaciones del Gobierno canario, Manuel Ángel Castellano, señaló que esa misma mañana los técnicos habían podido identificar el problema que ha provocado retrasos en el trabajo informático de los funcionarios de los juzgados de la provincia tinerfeña. Castellano indicó que el origen de los fallos está en unos elementos de la infraestructura de comunicación conocidos como "balanceadores" con los que los servidores compensan el volumen de tráfico de datos para no colapsar el sistema según aumenta o disminuye el flujo de tareas que se realizan en un mismo momento.

Asimismo, Castellano recordó que, frente a algunas declaraciones de organizaciones sindicales, los problemas no se han originado por falta de capacidad o por la obsolescencia de los equipos informáticos.

Sin embargo, los funcionarios insistieron en que "se ha dado una nueva excusa a los fallos informáticos; ahora son los balanceadores y ayer era el nodo de servidores", señaló Ortuño para añadir que "los problemas que surgen con el sistema van desde el cuelgue total de los equipos, pantallas en blanco del operativo, pérdida de los datos introducidos cuando se imprime una diligencia o la sustitución de plantillas de asuntos civiles por los de penal, por ejemplo". "Hay problemas por los equipos que no tienen capacidad ni hay ancho de banda para comunicarnos entre las diferentes oficinas", resaltaron.

Los funcionarios pidieron también que los letrados de la Administración de Justicia -antiguos secretarios judiciales- "reivindiquen, como jefes de la oficina judicial que son, una solución a este grave problema que padecen los trabajadores de Justicia, pero que en definitiva sufren de primera mano todos los usuarios".

Asimismo anunciaron la convocatoria de una concentración a las puertas del Palacio de Justicia de la capital tinerfeña mañana, viernes, entre las 12:00 y las 13:00 horas.

"Se compraron equipos con poca capacidad"

El Gobierno de Canarias invirtió a mediados de 2015 un total de 2.550.000 euros en nuevos equipos informáticos para jueces, fiscales, secretarios y funcionarios de la Administración de Justicia. La antigüedad de los ordenadores con los que trabajaban los operadores jurídicos suponía un verdadero problema para que la versión 3.6 del programa de gestión procesal Atlante II, que se iba a instalar en ese entonces, funcionara correctamente. Ahora, con la nueva versión del tramitador, los problemas vuelven a surgir y los sindicatos aseguran que "se compraron equipos que no tenían una capacidad suficiente". La instalación de la última versión del Atlante II ha causado el cuelgue en la inmensa mayoría de los ordenadores de los cerca de 2.300 funcionarios -contando con el personal de refuerzo y sustituciones- de la Administración de Justicia en Canarias. Desde la implantación de este software en 2010 los funcionarios han lidiado con multitud de fallos como atasco en impresoras y pérdida masiva de documentos, como ocurrió en 2011 cuando se pasó del Atlante I a la nueva generación.