La Federación de Empleadas y Empleados Públicos de UGT Canarias, (FESP-UGT) ha presentado ante la Fiscalía una denuncia, con el fin de que esta Institución indague sobre una posible trama que afecta a la licitación del Servicio del Transporte Sanitario Terrestre.
El responsable del sector de Transporte Sanitario Terrestre de UGT Canarias, Iván Amador, indicó que desde el Gobierno se ha actuado con negligencia respecto a este tema y no han sabido recoger las advertencias lanzadas desde el sindicato. Para UGT, "el Gobierno canario sabía que actuaba contra la ley y aun así prefirió seguir con la tramitación del concurso de Ambulancias, cayendo en un claro caso de prevaricación", alegó Amador.
Según UGT, se trata de un procedimiento viciado de nulidad desde el principio, ya que no se ha cumplido la Ley de Contratos del Sector Público, vulnerando derechos de contratación, revelación de secretos y falta de garantías del servicio por la falta de presupuestos. En este sentido recalcó que no el pliego de condiciones no obliga a contratar de acorde a la formación. "No se les exige a las empresas que acrediten la formación de ese personal y por eso, no se les contratará como Técnicos en Emergencias Sanitarias, sino como conductores de furgonetas y mozos de almacén", argumentó.
