14 de junio de 2019
14.06.2019

Denuncian la paralización del Decreto de seguridad en las zonas costeras

Sebastián Quintana asegura que varios ayuntamientos han presentado recursos contra el acuerdo adoptado por unanimidad en el Parlamento de Canarias el pasado 30 de julio

14.06.2019 | 08:06
Los ayuntamientos deben afrontar la inversión necesaria para aportar los recursos humanos y materiales que garanticen la seguridad en sus áreas de baño.

El impulsor de la campaña Canarias, 1500 Km de costa, Sebastián Quintana, lamenta que, a día de hoy, se haya producido, de facto, una paralización en la aplicación del Decreto de seguridad en playas, piscinas y otros espacios de baño que aprobó el Parlamento autonómico el pasado 30 de julio. Cuando faltan pocos días para el comienzo oficial de los meses de verano, trasciende que varios ayuntamientos han presentado recursos contenciosos-administrativos contra la citada normativa, al estimar que con dicho documento se invaden las competencias de los municipios en la seguridad en el litoral.

Cabe recordar que, independientemente de que el Ejecutivo regional marque los criterios para garantizar la protección de ciudadanos y turistas en las zonas costeras, corresponde a los consistorios aportar los fondos y contratar los servicios para lograr los objetivos planteados.

El mencionado Decreto fija un plazo de un año para que las administraciones municipales presentaran sus respectivos planes de seguridad, en los que tienen que determinar cuántos socorristas debe haber en cada playa, qué tipo de señalización tendrá que colocarse o el número de aros salvavidas necesarios, entre otras cosas. Y ese periodo, en teoría, finaliza en apenas un mes y medio.

Además, la Consejería de Política Territorial, Seguridad y Medio Ambiente otorgaba un periodo de cuatro años a los ayuntamientos para que cubrieran todas las necesidades de personal y recursos materiales. Cabe recordar que la citada normativa establece tres tipos de playas, las de acceso libre, las peligrosas y las de uso prohibido.

Sebastián Quintana explica que, en estos momentos, las autoridades regionales desconocen cuántas personas trabajan realmente como socorristas en todo el Archipiélago. En cualquier caso, estimaban que con la puesta en marcha de la normativa se crearían entre 500 y 700 puestos de trabajo más en dicho sector en el conjunto de la comunidad.

Quintana opina que la mayoría de los consistorios "o no tienen partidas para la seguridad en sus zonas de costa, o bien, los de algunos municipios turísticos tienen una asignación mínima".

Y reconoce que atender de forma adecuada las necesidades requiere "de una inversión importante". No obstante, el Gobierno canario también anunció la aportación de ayudas económicas para aquellos municipios que las necesiten en este ámbito.

Quintana dice que los vecinos y los turistas tienen todo el derecho a disfrutar de la costa con seguridad, así como que las administraciones públicas están obligadas a garantizar la integridad física y emocional de aquellos.

El impulsor de la campaña Canarias, 1500 Km de costa comenta que la actividad turística representa el 32 por ciento del Producto Interior Bruto en el Archipiélago, así como que la mayoría de los fallecidos por ahogamiento son personas que están pasando sus vacaciones en las islas.

Actualmente, Baleares y Canarias son las dos únicas regiones que cuentan con un decreto de estas características.

Para Sebastián Quintana, "no se trata de una Ley cualquiera, sino una garantía para salvar vidas".

Según el promotor de la campaña audiovisual Canarias, 1500 Km de costa, en el Archipiélago se registran más fallecimientos por ahogamientos y sucesos en el medio acuático que por accidentes en las carreteras y calles.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook