Pendiente todavía la dependencia en el Archipiélago. "La demora de la Comunitat Valenciana, Andalucía y de las Islas Canarias en resolver los procedimientos administrativos sigue siendo preocupante y puede abarcar varios años", lamenta el Informe anual 2018 del Defensor del Pueblo sobre la "disparidad injustificada" entre las autonomías españolas en la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
En pleno relevo de las administraciones públicas españolas tras la doble cita electoral, el defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, entregó el pasado martes a los presidentes del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y del Senado, Manuel Cruz, la memoria del pasado año, que incluye un volumen de gestión junto a otro tomo de estudios (La situación demográfica en España. Efectos y consecuencias, especialmente, acerca de la crisis por el envejecimiento) y documentos de trabajo. Con respecto al año anterior, los trámites ante el Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos españoles mediante la supervisión de las administraciones públicas cayeron un 31% al contabilizarse 16.998 quejas, además de 327 peticiones de recursos de inconstitucionalidad y 372 actuaciones de oficio hasta un total de 17.697 expedientes durante 2018.
"Los años malos fueron los años duros de ajuste [pero] creo que el giro de la política económica con un predicamento total y absoluto de estrategias de austeridad a unas más normalizadas se nota en el comportamiento de los ciudadanos", valoró Fernández Marugán antes de matizar que la recuperación financiera y la mejora presupuestaria aún no ha alcanzado al conjunto de la población.
Administración entorpecedora
El Defensor del Pueblo tramitó unas quejas "fundadas" y copadas por el empeoramiento de los servicios públicos, entre las que su titular en funciones identificó "cuestiones de gran calado" como sanidad (listas de espera), vivienda (alquiler social), mayores (plazas residenciales), educación (pacto estatal) o dependencia.
Precisamente, "Canarias sigue manteniendo en 2018 numerosas solicitudes sin resolver y cuando ha resuelto el Programa Individual de Atención (PIA) de expedientes incoados en años anteriores, reconociendo la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, los efectos iniciales de esta se han reconocido superado el plazo máximo de dos años de suspensión en el derecho de su acceso, como también viene haciendo la Región de Murcia", detalla el informe en el apartado sobre la demora en la tramitación e incorporación al sistema de dependencia, incluido en el capítulo de política social. De hecho, Canarias aparece junto a Andalucía, Cantabria, Cataluña y La Rioja entre las comunidades cuyo "porcentaje de personas ya reconocidas en situación de dependencia, pero sin PIA aprobado, supera la media nacional del 19,17%", añade el documento antes de cifrar en 250.037 ciudadanos de toda España los dependientes a la espera de plan, con la correspondiente prestación.
Más aún, el anexo D del informe cita a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias entre las "administraciones no colaboradoras o entorpecedoras" del Defensor del Pueblo. En concreto, el departamento dirigido en funciones por Cristina Valido, cuya gestión en dependencia motivó el pasado octubre la primera reprobación a una consejera en el Parlamento autonómico, no contestó durante 2018 al tercer requerimiento del Alto Comisionado en dos ocasiones y respondió cuatro veces a la tercera, casos siempre referentes a dependencia.
Recomendación y recordatorios
Además, la institución dirigida en funciones por Francisco Fernández trasladó a Políticas Sociales la recomendación de, "en el caso de personas fallecidas transcurridos más de seis meses desde la presentación de la solicitud, motivar la improcedencia de aplicar el artículo 15 del Real Decreto 1051/2013", que no otorga condición de beneficiario al interesado muerto en semestre siguiente a la petición sin que se dictara resolución de reconocimiento de la prestación.
También recibió la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo autonómico dos recordatorios de deberes legales, uno sobre dependencia y otro acerca de discapacidad. En el conjunto estatal, el Defensor del Pueblo remitió durante el pasado año a las administraciones públicas españolas un total de 1.152 resoluciones, según el Informe anual 2018, divididas en 329 recomendaciones, 504 sugerencias, 309 recordatorios de deberes legales y 10 advertencias
