Un vigilante de seguridad del centro de internamiento educativo para menores infractores (Ciemi) de Valle Tabares continúa trabajando en dicho recurso a pesar de que la pasada semana la Audiencia Provincial confirmó una condena por violencia de género a una expareja sentimental. Cabe recordar que la legislación de Seguridad Privada impide que un empleado tenga antecedentes penales. No obstante, el procesado todavía puede recurrir a una instancia superior, ya que la sentencia no es firme.
Los hechos ocurrieron a mediados de octubre del pasado año en un domicilio de Los Llanos de Aridane, en La Palma. En el transcurso de una discusión, el hombre trató de quitarle el teléfono móvil a su novia y la empujó sobre la cama, agarrándola por el cuello y apretando de manera fuerte, sin llegar a producirse lesión".
Como consecuencia del suceso, la Guardia Civil procedió a la detención del citado trabajador. A raíz de este episodio, el Juzgado de lo Penal número 2 de Santa Cruz de Tenerife dictó una sentencia en noviembre en la que se condena a dicho empleado de la empresa concesionaria del servicio de seguridad de Valle Tabares "como autor penalmente responsable de un delito de malos tratos (?) a la pena de seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de dos años, prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudios, o cualquier otro".
Según el entorno de la mujer afectada, esta trabajó de forma temporal como sustituta en el citado centro de Valle Tabares, tanto de educadora como de trabajadora social. Sin embargo, a raíz de que comunicara verbalmente a una responsable de la Fundación Canaria de Juventud Ideo, la agresión que había sufrido en La Palma, no se han solicitado más sus servicios para hacer sustituciones, explican las mismas fuentes.
El gerente de Ideo, Toni Sosa, manifestó que "hemos tenido constancia hace poco" de la situación y recuerda que el empleado de seguridad privada "puede recurrir en casación" la citada sentencia de la Sección V de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
En cualquier caso, Sosa comentó que "hemos hecho gestiones con la empresa (Alcor Seguriad) y hemos pedido que se tomen las medidas para que deje de prestar el servicio cuando la sentencia sea firme".
El gerente de la Fundación Canaria de Juventud Ideo indicó que también se ha hecho una consulta al Grupo de Seguridad Privada de la Policía Nacional, que es el departamento que acredita a las personas para ser vigilantes de seguridad, para saber si al mencionado trabajador se le puede retirar la placa o no.
Sosa opina que "nos parece obvio que este trabajador no debería prestar servicio, pero mientras tenga autorización de la Policía, puede serlo". Además, se muestra a favor de "cumplir la legalidad; cuando pedimos la retirada del servicio tiene que estar argumentada" desde el punto de vista jurídico.
Ante la situación generada, en Ideo están a la espera de que haya respuestas a sus consultas, ya que "somos los primeros a los que no interesa este tipo de conductas", según Toni Sosa.
Respecto a las manifestaciones realizadas por parte del entorno de la víctima sobre que no se la ha vuelto a llamar para trabajar en Valle Tabares de sustituta, el responsable de la Fundación sostiene que "no tiene nada que ver un asunto con otro".
Sosa recuerda que todas las contrataciones que realiza su organismo se llevan a cabo a través de las solicitudes que se presentan en el Servicio Canario de Empleo (SCE).
Fuentes policiales explican que uno de los requisitos para ser vigilante de seguridad es "no tener antecedentes penales". Y, supuestamente, el mencionado trabajador de Valle Tabares tuvo en su momento antecedentes penales que ya están cancelados.
Todo este tipo de casos en los que están involucrados vigilantes se remiten a la Unidad Central de Seguridad Privada, que es el departamento encargado de elaborar el informe sobre la situación. Posteriormente, ese expediente se remite a la Secretaría de Estado de Seguridad para que resuelva sobre el mismo.
Un parte, suficiente para una retirada cautelar
Lisbeth Fernández Expósito, delegada regional de Alcor Seguridad y coordinadora de servicio del centro de internamiento educativo de menores infractores de Valle Tabares, afirmó que tuvo conocimiento el pasado jueves de esta situación a través de un correo electrónico que le envía un responsable de seguridad de la Fundación Canaria de Juventud Ideo, pero que, al menos hasta el pasado viernes, carecía de información o documentos oficiales al respecto. Lisbeth Fernández recuerda que corresponde a la mencionada Fundación la adopción de medidas y que es el área de Seguridad Privada de la Policía Nacional quien puede inhabilitar al trabajador como vigilante de seguridad. La delegada regional de Alcor Seguridad expone que, en otros muchos casos, se ha procedido a la retirada cautelar de trabajadores sin que exista siquiera una única sentencia. En varias situaciones ocurridas en el centro de internamiento educativo para menores infractores de Valle Tabares ha sido suficiente el parte elaborado por otro trabajador o trabajadora del centro para que se retire cautelarmente del servicio a un vigilante, por ejemplo, por hacer caso omiso a su deber. La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha comunicado al mencionado vigilante que ha perdido su condición de afiliado a dicha organización. El motivo es que en las últimas elecciones para el Comité de Empresa del centro de Valle Tabares se presentó en la candidatura de otro sindicato, según la información que trascendió durante la jornada de ayer. Y los responsables del CSIF a nivel provincial también tienen conocimiento de las sentencias desfavorables sobre el citado trabajador de seguridad privada.
