La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) anunció ayer que no le ha quedado otra opción que romper la negociación con los responsables de la empresa pública del Gobierno canario Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC), que, entre otras cosas, administra la sala operativa del 1-1-2.
El sindicato asegura que los representantes de dicha entidad "ni tan siquiera se han preocupado para que los trabajadores recuperen las ayudas de acción social que tuvieron durante la crisis, ni que recuperen el nivel adquisitivo perdido con la obtención del 5% en material salarial, que ya el propio Tribunal Constitucional ha modulado estableciendo los mecanismos" para tal proceso.
El sindicato lamenta que los delegados de la sociedad no hacen contraofertas a las propuestas diarias
Para el CSIF, los portavoces de la empresa pública tampoco se han preocupado de cumplir con un convenio colectivo que data de 2007, ni de hacer contraofertas a las propuestas efectuadas diariamente desde las organizaciones sindicales presentes en la negociación, "todas ellas desechadas de forma irrespetuosa y sin ningún tipo de fundamentación jurídica o lógica".
Entre otras cosas, el citado sindicato lamenta que los trabajadores ni siquiera tienen libertad para elegir las vacaciones anuales, lo que les ayudaría a conciliar sus vidas profesionales y familiares.
También denuncia que hay trabajadores que efectúan más horas laborales que el resto de la plantilla y no son recompensados por las mismas.
Según el CSIF, en un oficio fechado el 14 de mayo de este año, la Inspección de Trabajo insta a la empresa pública a cumplir en materia de prevención de riesgos laborales, a eliminar las cláusulas de disponibilidad y a realizar un proceso selectivo de personal en el que primen criterios objetivos.
