Un total de 61 familias que llevan 24 meses recibiendo la Prestación Canaria de Inserción (PCI), el tiempo máximo establecido hasta ahora, seguirán percibiéndola a partir de este mes, siempre que tengan menores a su cargo, no cuenten con rentas o estas sean inferiores al Iprem y cumplan con el resto de los requisitos exigidos para ser beneficiarios, gracias a la nueva Ley de Servicios Sociales, que elimina el límite temporal para que las familias sin recursos no se queden sin ingresos. Son las primeras unidades familiares beneficiadas por la modificación.
A estas familias se sumarán cada mes todas las que continúen en situación de vulnerabilidad y hayan alcanzado los dos años -el tope- como perceptoras. Se trata del primer paso del Ejecutivo hacia la implantación de la Renta Canaria de Inclusión (RCI) establecida en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y que, según los cálculos iniciales, atenderá a más de 30.000 unidades de convivencia en los próximos cuatro años.
En esa transición a la RCI se ampliarán los perfiles a otros colectivos que no dispongan de ingresos para su subsistencia, entre los que se encuentran las personas sin techo, los estudiantes de 18 a 25 años que formen parte de familias sin ingresos y se mantengan en el sistema educativo -una forma de luchar contra el abandono escolar- o mayores de 65 que aún no puedan tramitar pensión.
La nueva Ley de Servicios Sociales establece que en año y medio deberá aprobarse una nueva RCI. La consejera en funciones de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, recordó que los cambios legislativos permiten atender ya al colectivo más vulnerable, evitando que los menores vivan en hogares sin recursos. "Este cambio es clave para dar cobertura a quienes peor lo están pasando y avanzar hacia la RCI que establece el nuevo Estatuto. Era prioritario atender a los más vulnerables dentro de los vulnerables", subrayó.
Una novedad demandada desde hace años -que se recogerá en la RCI- será la incorporación, de forma excepcional, de la posibilidad de compatibilizar la ayuda con las pensiones de viudedad, si no alcanzan el mínimo del IPREM, cuya media rondalos 650 euros. En este apartado también se incluirán a las personas mayores de 65 años con pensiones distintas a las PNC o de la Seguridad Social que no alcancen el mínimo del IPREM.
La consejera destacó como nuevo colectivo compatible con la futura renta a los trabajadores en precario, con contratos parciales por horas y cuyos ingresos no lleguen al IPREM. De esta forma, "el Gobierno se hace eco de una nueva realidad heredera de la crisis: trabajadores en exclusión".
"Con esta modificación y la transformación de la PCI en RCI, el Gobierno triplicará la cobertura, incluyendo nuevos colectivos y, sobre todo, garantiza que no haya ausencia de ingresos si las circunstancias familiares o personales complicadas perduran; es el gran cambio", concluyó Valido.
