El Boletín Oficial de Canarias ha publicado este viernes la orden por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y procuraduría, informó el Gobierno regional.
El director general de Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, indica en un comunicado que se trata de dar cumplimiento del compromiso asumido por el ahora consejero en funciones de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, que el año pasado tras reunirse con el Consejo Canario de Colegios de Abogacía acordó la recuperación de las retribuciones del turno de oficio al nivel previo a la crisis.
Rodríguez destaca, en particular, el incremento de las guardias que corresponden de forma específica a la atención de las víctimas de violencia de género, una apuesta por la mejora de su protección al contar ahora con ahora con 18 de manera específica para este fin.
Como se recordará, el Decreto 57/1998, de 28 de abril, por el que se regulan la composición y el funcionamiento de las comisiones de asistencia jurídica gratuita de Canarias, fija los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de las y los profesionales de la abogacía y procuraduría, los cuales han sido objeto de distintas modificaciones.
Entre esas modificaciones, destaca la disminución de los baremos de la compensación económica llevada a cabo en 2012 justificada entonces en la necesidad de reducir el déficit público.
Esta medida se tomó tras haber reducido también el número de guardias y asistencia a la persona detenida o a la víctima del delito a quienes prestan el servicio.
Ahora, la mayoría de estas guardias pasan a ser de 24 horas.
Rodríguez explica que, al haber ahora una coyuntura económica que está permitiendo superar las dificultades económicas que motivaron la anterior reducción de las cuantías, y para atender las propias demandas de las y los profesionales (que pedía restituir los baremos al nivel previo a la crisis), la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 contempló la posibilidad de llevarlo a cabo, como en efecto, acordó la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
En la adopción de la medida se ha contado con la participación de los cuatro colegios de Abogacía de Canarias (Las Palmas, Lanzarote, La Palma y Santa Cruz de Tenerife).
Barragán vuelve a destacar el importante esfuerzo desempeñado por las y los profesionales del turno de oficio al haber soportado durante los últimos años la rebaja que sufrieron sus retribuciones como consecuencia de los recortes impuestos por el Gobierno central durante la crisis, mientras que Rodríguez apunta que el Gobierno canario es consciente de que con la intensa actividad habida en los últimos ejercicios del turno de oficio, los Colegios de Abogacía vienen soportando una carga de trabajo que, en algunos casos, resulta excesivamente gravosa.
