La consejera en funciones de Empleo del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha señalado este viernes que un total de 61 familias, que llevan 24 meses recibiendo la Prestación Canaria de Inserción (PCI) --tiempo máximo establecido hasta ahora--, podrán continuar recibiendo ayuda a partir de junio "siempre que tengan menores a su cargo, no cuenten con rentas o estas sean inferiores al Iprem y cumplan con el resto de los requisitos exigidos para ser beneficiarios".

Esta posibilidad se produce gracias a la nueva Ley de Servicios Sociales que "elimina el límite temporal para que las familias sin recursos no se queden sin ningún tipo de ingresos", según informó el Gobierno regional en nota de prensa.

De este modo, Valido apuntó que se ha iniciado el camino hacia la nueva Renta Canaria de Inclusión, que atenderá a más de 30.000 unidades de convivencia en los próximos cuatro años y será una "herramienta clave en la lucha contra la exclusión".

Así, a las 61 familias que en junio podrán continuar recibiendo ayuda, se les sumará mensualmente todas las que continúen en situación de vulnerabilidad y que hayan alcanzado los dos años como perceptoras, siendo este el "primer paso" del Ejecutivo regional para implantar la Renta Canaria de Inclusión, establecida en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias.

Agregó que en esa transición a la Renta Canaria de Inclusión se ampliarán los perfiles a otros colectivos que no dispongan de ingresos para su subsistencia, entre los que se encuentran las personas sin techo, los estudiantes de 18 a 25 años que formen parte de familias sin ingresos y que se mantengan en el sistema educativo, con el fin de luchar contra el abandono escolar, o las personas mayores de 65 años que aún no puedan tramitar una pensión.

La nueva Ley de Servicios Sociales en su disposición adicional sexta establece que en año y medio deberá aprobarse una nueva Ley de Renta Canaria de Inclusión en cumplimento del artículo 24 del Estatuto de Autonomía.

Valido recordó que los cambios legislativos en la nueva Ley de Servicios Sociales permiten atender ya al colectivo más vulnerable, evitando que los menores vivan en hogares sin recursos. Este cambio legislativo, dijo, "es fundamental" para dar cobertura a quienes "peor lo están pasando y avanzar hacia la Renta Canaria de Inclusión" recogida en el nuevo Estatuto de Autonomía. "Hemos entendido que era prioritario atender a los más vulnerables dentro de los vulnerables", apostillo.

En este sentido, explicó que una novedad demandada desde hace años, y recogida en la Renta Canaria de Inclusión, será la incorporación "de forma excepcional" de la posibilidad de compatibilizar la ayuda con las pensiones de viudedad, si no alcanza el mínimo del IPREM, cuya media ronda actualmente los 650 euros. Además se incluirán a las personas mayores de 65 años con pensiones distintas a las PNC o de la Seguridad Social que, como en el caso de las de viudedad, no alcancen el mínimo del IPREM.

Valido también se refirió a los trabajadores en precario como nuevo colectivo compatible con la futura renta, de tal forma que los que tengan contratos de trabajo parciales por horas y que, como en los casos anteriores, sus ingresos no llegan al IPREM, podrán acceder a la misma.

"Con esta modificación y esta transformación de la Prestación Canaria de Inserción en Renta Canaria de Inclusión, el Gobierno prácticamente triplicará la cobertura actual, incluyendo nuevos colectivos y, sobre todo, garantizará que no haya ausencia de ingresos si las circunstancias familiares o personales complicadas perduran; este es el gran cambio", concluyó.

La Ley de Servicios Sociales fue aprobada en el Parlamento de Canarias en el mes de marzo de este año y se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el 17 de mayo de 2019. Este documento fue apoyado por todos los grupos parlamentarios y sustituye a la norma anterior, que entró en vigor hace más de 30 años, por lo que "coloca a Canarias con la ley más actualizada en todo el territorio nacional".