"La atención temprana es tan importante y afecta a tantos miles de menores en Canarias que es necesaria una ley". El preámbulo de la ley de Atención Temprana, la primera de la comunidad autónoma y la última de España, lo deja claro. Era necesaria y por eso ya está en vigor. Lo hizo ayer, justamente, al ser publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Aunque el camino no ha sido fácil, ya que ha requerido de cuatro años de presión por parte de los padres afectados y de la Universidad de La Laguna -que hasta ahora era la única que atendía a estas necesidades-.
Desde el año 2000, con la publicación del Libro Blanco de la Atención Temprana, muchas comunidades autónomas decidieron regularla en su ámbito competencial. Tal es así, que Canarias se quedó sola y ha llegado a ser la única carente de dicha legislación. Por esta razón, el Gobierno de Canarias de Coalición Canaria contemplaba esta actuación preventiva entre sus líneas estratégicas, pero no fue hasta el año pasado cuando se empeñó en ponerla en marcha antes de que acabara la legislatura. Así ha sido; 12 días antes de que acabe.
La nueva legislación contempla la atención gratuita, universal e igualitaria para los niños menores de seis años con trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlo por presentar signos de alerta significativos. Esa atención se deberá hacer de forma multisectorial atendiendo a la colaboración de tres organismos administrativos: sanidad, políticas sociales y educación. De esta manera, se puede garantizar una atención integral a los pequeños con problemas. El liderazgo de las actuaciones, no obstante, estará en manos de la Consejería de Sanidad en cuyas manos recae la organización de la Comisión Técnica de la Atención Temprana.
Los profesionales de Políticas Sociales, Sanidad y Educación tendrán que facilitar la coordinación con el resto de administraciones.
De hecho, los pediatras de los menores serán siempre informados de cualquier actuación con respecto al niño, sea quien sea quien inicie el protocolo de derivación.
El órgano, que debe constituirse en los próximos seis meses y reunirse un mínimo de dos veces al año, deberá establecer líneas estratégicas de acción al Gobierno de Canarias, elaborar propuestas de protocolos en relación a esta materia, analizar la coordinación entre las distintas administraciones, así como proponer la aprobación del Plan Integral de Atención Temprana.
Este Plan dirigirá las líneas de actuación de la atención temprana en Canarias para los próximos cuatro años y tendrá que entrar en vigor en un año y medio, como establece la nueva ley. "Dicho plan habrá de contemplar la creación progresiva de las unidades de atención temprana necesarias para dar respuesta a la demanda", explica el documento legislativo. Mientras no exista el plan, la ley tiene previsto aplicar las previsiones contenidas en la Estrategia sobre atención temprana del Gobierno de Canarias.
