Una nueva ley impedirá cualquier tipo de discriminación en Canarias

Durante los últimos meses, el Gobierno de Canarias ha venido trabajando en el borrador del anteproyecto de Ley de Igualdad Social a través de varias mesas de trabajo de coordinación en las áreas de educación, sanidad, políticas sociales y empleo, que han contado con representación de los distintos colectivos LGTBI de Canarias. Han sido un total de catorce, como es el caso de Altihay lgtbi+, Asociación Appertura, Draga Espacio Feminista-Lgtbiq, Lánzate, Lgtbi+, Algarabía Lgtbi, Diversas Lgtbi, Chrysallis Afmt, Gamá lgtb, Equal Lgtbi+. Transboy y Violetas Lgtbi2. El anteproyecto recoge novedades en once artículos que abarcan desde la precisión dialéctica al rechazo a la presión, el derecho a recibir atención sanitaria, asesoramiento, formación o expresión de la identidad.

"Una ley consensuada, trabajada y desarrollada en tiempo récord". Así resumió ayer la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, el anteproyecto de Ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, que ahora será remitida al Parlamento de Canarias.

Valido estuvo acompañada por representantes de diversos colectivos LGTBI. La nueva norma "es fruto del trabajo coordinado entre administración y asociaciones del colectivo y recoge las variaciones en el marco jurídico contra la discriminación por orientación sexual", explicó.

La Consejería ha iniciado los trámites preliminares y la justificación de la propuesta del borrador. Valido subrayó la rapidez en la elaboración de este proyecto de ley, "ya que -indicó- se ha realizado en tiempo récord , puesto que desde que se decidió hacer la ley hasta hoy ha pasado muy poco tiempo, y esto ha sido posible gracias al esfuerzo y al trabajo conjunto y la coordinación entre Consejería y los colectivos".

En este sentido, agradeció públicamente la implicación de las asociaciones y enfatizó que "el trabajo realizado permite dejar ya avanzado el anteproyecto de ley en cuanto a su tramitación jurídica y administrativa, pidiendo los informes necesarios, de manera que la tramitación continúe su proceso hasta llegar a su debate y aprobación en el Parlamento".

La consejera de Políticas Sociales aclaró : "El Gobierno ha cumplido con el compromiso adquirido con los colectivos en esta legislatura y registró el pasado 21 de abril de 2019 ante los servicios jurídicos el anteproyecto de Ley de Igualdad Social".

Por su parte, la directora general de Políticas Sociales, María Reyes Henríquez, subrayó el trabajo y la participación activa de todos los colectivos, un proyecto que clasificó de "complejo y sensible en muchos aspectos".

Henríquez destacó el "altísimo nivel de conocimiento e implicación de las asociaciones, lo que permitirá a Canarias contar con una ley de última generación, en consonancia al ámbito estatal e internacional; una ley que reconoce el derecho a la autodeterminación de las personas a la identidad de género, normalizando y sacando del ámbito de la exclusión social a las personas LGTBI y trans.

Por lo tanto, configura una ley moderna, cuyas principales novedades radican, entre otras, en la despatologización de la realidad de las personas trans, la mejora del tratamiento administrativo de las personas de estos colectivos y la regulación de medidas de sanción e infracción".

"Nos hemos unido para seguir trabajando en pro de nuestros derechos, derechos que hasta hace muy poco no teníamos y que aún tenemos que terminar de conquistar, ya que quedan muchas cosas por hacer por las personas que atendemos diariamente en nuestros colectivos, por erradicar los delitos de odio hacia las personas LGTBI y trans...", afirmó Charlie Marrero, quien actuó de portavoz de los catorce colectivos que han participado en la elaboración de este anteproyecto de ley.

Marrero indicó que en este anteproyecto "se le da por primera vez voz a las personas no binarias que en la antigua ley no estaban". "Necesitamos que esta ley se aplique para dar respuesta a una necesidad del colectivo trans, que, mayormente, sufre la discriminación laboral y social y, muy en concreto, los menores trans, que sufren la invisibilización dentro del propio sistema sanitario y educativo". Por último, llamó al trabajo conjunto entre los colectivos y la administración "porque estamos trabajando en pro de los derechos humanos". Canarias cuenta desde 2014 con la Ley de No discriminación por motivo de Identidad de Género y de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transexuales, "un texto que -explicó Valido- ha quedado desfasado con la entrada en vigor de nueva ley estatal".

"Esto nos ha llevado a realizar una extensa labor de coordinación con las diferentes asociaciones y entidades administrativas afectadas, con quienes nos hemos reunido en diversas mesas de trabajo, culminando en el diseño de forma conjunta y consensuada, de un borrador de anteproyecto de ley mucho más inclusivo y ajustado a las diferentes realidades de este colectivo", afirmó la consejera de Políticas Sociales.

Para Cristina Valido este es "un texto legal que incorpora las medidas necesarias para garantizar y proteger el ejercicio pleno de la libre autodeterminación del género, sin discriminación, y en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social. Según aclaró la consejera de Políticas Sociales, quien destacó la implicación y la participación activa de todas las asociaciones que tienen que ver en esta realidad social, este anteproyecto de ley supone "una norma avanzada e inclusiva".

La nueva ley tiene en cuenta las variaciones producidas en el marco jurídico estatal y autonómico en los últimos cuatro años, reflejando las modificaciones producidas en el ámbito estatal en virtud de la Instrucción de 23 de octubre de 2018, sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales, especialmente las menores de edad, en la medida que afectan al ámbito subjetivo de la presente Ley, así como la normativa de protección de datos personales. Una respuesta legal a colectivos que llevan décadas a la espera.

Accesibilidad en casa

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha publicado en el BOC la resolución por la que se requiere hasta el día 21 la subsanación o mejora de las solicitudes de subvenciones para fomentar la conservación, la mejora de la seguridad de utilización y la accesibilidad en edificios y viviendas para el ejercicio 2018. En concreto, se solicita a un total de 363 comunidades de edificios y propietarios de viviendas -de las 636 solicitantes- que subsanen la documentación. Se trata de ayudas que tienen como fin la financiación de obras para la conservación y mejora de la seguridad y accesibilidad en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, ya sean urbanas o rurales, y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva. Este programa cuenta con una partida de 2.265.000 euros. Podrán beneficiarse de estas ayudas los propietarios de viviendas unifamiliares y de edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva así como de sus viviendas; las comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de propietarios; las sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por propietarios de viviendas bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública. También las administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas, íntegra o mayoritariamente, por las administraciones públicas propietarias de los inmuebles, así como las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios.