A Ramón Plasencia, alcalde de Alajeró y presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), casi le juega una mala pasada la eterna cola de la Autopista del Norte, que lo cogió bajando a Santa Cruz desde el aeropuerto. Por eso llegó tarde, pero llegó, al acto de la firma del convenio con la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, representada por su titular Cristina Valido, que rubrica la distribución de 37 millones de euros a los ayuntamientos de las islas para la atención de la población vulnerable.

Valido recalcó que "en tres ejercicios presupuestarios, desde el de 2017, la cantidad ha aumentado en un 60% y que también han subido en 15.000 las personas atendidas, de 170.000 a 185.000. No porque haya más gente en exclusión sino porque llegamos en las ayudas a más personas".

De la cantidad global, 19,6 millones de euros irán a financiar los servicios sociales comunitarios; casi seis para prevención del riesgo y ayudas económicas en Infancia y Familia, y los 12 restantes para prestaciones básicas en los 88 municipios canarios.

Lo que se firmó ayer fueron los protocolos de reparto de la financiación de los tres programas para la atención de la población más vulnerable entre los ayuntamientos.

Los documentos contemplan las aportaciones dinerarias que se conceden a las corporaciones municipales para financiar las distintas líneas de las áreas de los servicios sociales comunitarios a través del Plan Concertado de Servicios Sociales (este año de 17 a 19 millones), el programa de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, el apoyo a la gestión de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción, programas de ayuda para evitar el riesgo en las familias y la infancia y el apoyo a los programas y acciones municipales de lucha contra la pobreza e inclusión social y a las redes solidarias.

La consejera subrayó que las partidas del Plan Concertado "crecen en dos millones fruto del compromiso adquirido de incrementar la partida dirigida a garantizar la contratación de los trabajadores que gestionan la PCI, algo que resulta fundamental, en un momento además en el que se acaba de aprobar la Ley de Servicios Sociales, que supone una ampliación de los colectivos que serán atendidos, y, por tanto, se hace más necesario contratar personal".

Por su parte, el presidente de la FECAM, Ramón Plasencia, se mostró satisfecho "con el esfuerzo que se está haciendo desde las instituciones para atender a la ciudadanía más necesitada de todos los municipios". En este punto, recordó que "se han incrementado estos fondos en un 60 por ciento con respecto a otros años".

El Plan Concertado firmado ayer da continuidad a una serie de programas llevados a cabo por los ayuntamientos en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria. Recibirán un importe global que asciende a 19.641.028 euros, dos millones más que en 2018, de los cuales 6.909.857 euros se destinarán a la gestión de la PCI.

El Plan Concertado para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales establece el pilar básico del sistema de protección social, constituyendo la red de servicios sociales de gestión local. Estos recursos están dirigidos a toda la población.

Prestaciones básicas

El acuerdo contempla la distribución de 12 millones de euros para dar continuidad a programas municipales en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria. Canarias debería haber recibido el año pasado 30 millones para la lucha contra la exclusión social, pero solo han sido ingresados estos 12 millones. Serán distribuidos entre los ayuntamientos a través de un protocolo con la FECAM. Además, se rubricó también ayer un protocolo adicional para dotar con 5.854.870 euros a los equipos municipales especializados de atención a la infancia y a la familia y los centros y servicios de día. A través de estos equipos se ofrecen programas de apoyo a la familia, destinados a cubrir las necesidades básicas de los menores y mejorar su entorno familiar.