La implantación de las 35 horas para el personal sanitario sigue sin fecha para su implantación. Una situación que incomoda a varios sindicatos que en la jornada de ayer se mostraron críticos con el acuerdo al que CSIF, CCOO y UGT llegaron con el Gobierno de Canarias el pasado 19 de octubre.
Este acuerdo supeditaba la vuelta a las 35 horas de jornada laboral para el personal del Servicio Canario de la Salud (SCS) a la posibilidad de que el Ejecutivo central permitiera a Canarias gastar el superávit (a día de hoy, 300 millones según el gobierno regional y 800 millones según el Estado).
Para Ruymán Pérez, secretario de Comunicación del Nacional de Salud de Intersindical Canaria, este anuncio se realizó en un "alarde de publicidad" y teme que Canarias sea la última comunidad en implantar de nuevo este derecho laboral. Pérez calificó de "irresponsable" este acuerdo, y afirmó, al ser preguntado por una posible revocación de este acuerdo, que al estar incluido en la Ley de Presupuestos, "poca vuelta atrás existe".
En este sentido también se manifestó la Asamblea7Islas en un comunicado de prensa donde exigió el cumplimiento de este acuerdo. Este grupo criticó, no obstante, a Sepca, Intersindical Canaria y Asaca por "intentar politizar" estos temas, en lugar de "pedir una convocatoria urgente de la mesa general de empleados públicos".
Por su parte, Leopoldo Cejas, secretario autonómico del sindicato de enfermería Satse, en un tono más moderado, concluyó que el acuerdo era "un primer paso necesario" para la recuperación de este derecho que se eliminó en 2012. No obstante, afirmó no estar conforme con la condición del superávit.
Intersindical Canaria se reunió con el Consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, el pasado 7 de marzo. Encuentro en el que el consejero admitió, según Pérez, que "llegaron a tener las 35 horas en la punta de las yemas de los dedos, pero están perdidos".