La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) celebró ayer la reunión anual de sus órganos de dirección para aprobar el informe sobre las actuaciones realizadas conjuntamente con sus entidades consorciadas durante 2018, con el objetivo de asegurar el mejor cumplimiento de la legalidad medioambiental en todo el Archipiélago.

La sesión conjunta del Consejo y la Asamblea de la ACMPN contó con la presencia del viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Jesús Romero, la directora del organismo, Ana Batista, y representantes de las administraciones consorciadas.

Los más numerosos, casi 500, estuvieron relacionados con actividades constructivas

Batista realizó una mención especial a los convenios de colaboración y adhesión que lleva a cabo la Agencia para continuar desarrollando acciones de promoción y sensibilización con el objetivo de contribuir a la mejora de la protección de la legalidad urbanística, territorial y medioambiental canaria.

La directora dio a conocer los datos de los expedientes abiertos. De los 1.419 registrados, los más numerosos, 442, estuvieron relacionados con actividades constructivas. Le siguen las irregularidades detectadas en torno al tratamiento de residuos (372) y por realizar vertidos al mar (224), las relacionadas con las actividades no constructivas (189) y por contravenir la Ley de Costas (152). El resto tienen que ver con cuestiones de impacto ambiental e infracciones de la normativa sobre prevención de la contaminación y del patrimonio natural.

Por Islas, las estadísticas demuestran que Tenerife ha registrado un total de 513 expedientes; la isla de Gran Canaria, 452; las islas de La Palma y Fuerteventura han registrado 149, mientras que Lanzarote, 103; La Gomera, 45, y El Hierro, seis.