"Hoy (por ayer) recibí la llamada y no me lo creía". Lo asegura María del Carmen Crespo Díaz sobre la resolución de la queja que presentó en el Diputado del Común para recuperar parte del dinero (14.673 euros) gastado en tener a su madre Araceli (así la conocen, aunque se llame también María del Carmen) atendida en residencias privadas entre marzo de 2014 y febrero de 2016. Luego de esa fecha, tras ser valorada, se le concedió la dependencia Grado 3, el máximo.
María del Carmen se emociona hasta el llanto en varias ocasiones y denota un profundo amor por "Mamá". Una mujer de 86 años con un alzhéimer "que empezó en 2010. Una caída, con rotura de cadera, en 2012 agravó el cuadro. La cuidamos en casa hasta 2014 pero la cosa se complicó cuando en enero de ese año se nos fue papá, también enfermo".
Carmen buscó gente para cuidarla en el domicilio "pero no tuve suerte". Araceli pasó por un centro en Candelaria y otro en Santa Cruz. En febrero de 2016, recuerda, "me llamaron del IASS para una plaza en Icod. Quiero estar cada día con mi madre y apenas salía de trabajar, comía y me iba al Norte (vive en La Cuesta). No podía soportarlo. En el verano recibí plaza en Santa Cruz". "Es muy duro estar con quien no puede caminar ni hablar. Soy como su voz", explica.
La dependencia fue reconocida y aceptado el Plan Individual de Atención (PIA) en junio de 2016. Pero la resolución no contemplaba la atención residencial recibida desde 2014 ni el coste del servicio.
"Me cansé de poner reclamaciones en el Edificio Príncipe Felipe y el Hospital Febles Campos. Aquí está la oficina de valoración y les dije que me apuntaran a mí ya y ganábamos tiempo hasta que fuera dependiente. Me dirigí al Diputado del Común. Presenté la queja en tiempos de Jerónimo Saavedra y la reiteré con Rafael Yanes".
Insiste en que "esta cantidad no cubre ni la tercera parte del gasto en residencias con un coste mensual de entre 1.500 y 1.700 euros. Pero es el derecho de mi madre y un precedente para muchos en una situación similar a la suya".