Estos días se cumple el décimo aniversario del asesinato de Isabel Canino, la conductora de guaguas de Titsa cuyo cadáver fue escondido en una fosa séptica de una vivienda del Camino de La Hornera por su expareja, Salvador Morales Méndez. La desaparición, la larga búsqueda, las características del crimen y la frialdad de su autor provocaron que el caso fuera uno de los más mediáticos de las últimas décadas.
Morales Méndez fue condenado en 2011 a 19 años de prisión por asesinato y, en 2014, a otros dos años más por malos tratos continuados. Por el primer caso, el autor del crimen tenía que indemnizar a la familia de Isabel con 180.000 euros, mientras que por el segundo le correspondían otros 2.000. La portavoz del entorno de la víctima, su hermana, Eladia Canino, reconoció ayer que "me siento indignada y estafada por la Justicia". Explicó que, de la responsabilidad civil que debe abonar Salvador Morales, hace menos de un año que la Administración de Justicia le ingresa en su cuenta 40 euros al mes. Los pagos empezaron a realizarse a mediados del 2018. Eladia define la situación como "una burla judicial". Apunta que "si él (Salvador) se burló en su día de nosotros, ahora parece que lo hace la Justicia".
Una década después de que empezara a vivir su particular calvario, la hermana de Isabel reconoce que la condena de 19 años de prisión por asesinato "me pareció muy poco". Estima que la pena de privación de libertad tenía que haber sido mucho más alta.
En 2009 y en los años siguientes, Eladia fue un ejemplo de constancia y tenacidad para luchar en la búsqueda de su hermana, pero también a la hora de señalar como culpable, desde el primer momento, a Salvador Morales, un conductor de Titsa y sindicalista liberado, que siempre quiso tener bajo su control a Isabel. Eladia reconoce ahora que el caso le ha pasado una factura importante, en los ámbitos emocional, moral y económico. Durante algún tiempo, en días señalados, como el cumpleaños de Isabel o el suyo, por ejemplo, recibía llamadas de teléfono, pero al otro lado de la línea nadie hablaba. Eladia está convencida y segura de quién telefoneaba "desde la cárcel": la única persona que conocía esas fechas. Lo puso en conocimiento de la Policía Nacional y dijo un nombre. Los agentes nunca le confirmaron quién se atrevió a comportarse así. Pero, desde ese momento, nadie la ha vuelto a molestar. Diez años después, Eladia necesita tratamiento psiquiátrico y carece de un trabajo. Paralelamente, un hijo suyo está estudiando la carrera de Medicina en la Península.