La nueva Ley de Servicios Sociales, que, previsiblemente, aprobará el Parlamento de Canarias antes de que concluya el período de sesiones -es decir, en el último pleno, a celebrar este mes- permitirá actualizar los precios de los servicios sociales y definir la ficha financiera de dos de los grandes compromisos en materia normativa desarrollados por el Gobierno canario: el Plan de Acción de Atención a la Discapacidad y el Plan Canario de Infancia y Familia.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ya tiene culminadas ambas estrategias, que serán ratificadas por el Consejo de Gobierno una vez que se eleven a planes al incorporar las fichas económicas. Estas incluirán también la financiación de servicios o prestaciones nuevos que la ley a punto de aprobarse recoja como derecho.

No obstante, la Consejería dirigida por Cristina Valido ya ha iniciado la actualización del precio de los servicios a través de los presupuestos 2019 para empezar a dar cumplimiento a la ley, aunque no estuviera aprobada aún. Así, destina este año 25 millones de euros más -hasta llegar a los 130- para aumentar el precio que se abona por las plazas de los recursos de Dependencia, Discapacidad y Menores, a través de la financiación que otorga a los cabildos.

El Plan de Acción de Atención a la Discapacidad, muy demandado por las entidades del sector, tiene como objetivo orientar la implementación de políticas públicas que fomenten el acceso equitativo e igualitario de las personas con discapacidad al desarrollo social de Canarias, en las que se enfatice el valor que tiene la dignidad.

El plan es el instrumento para el ordenamiento de las políticas, para la racionalización y asignación de recursos y para la coordinación de las iniciativas y esfuerzos de los organismos y entidades implicadas. A través de él, se articula una estrategia de intervención integral dirigida a las personas con discapacidad, mujeres y hombres, con la finalidad de que consigan mayor autonomía en todos los ámbitos de su vida y puedan acceder en igualdad de oportunidades a los recursos sociales y derechos de toda la ciudadanía.

El proyecto de Ley de Servicios Sociales es un texto normativo con participación ciudadana, del Tercer Sector, de los colegios profesionales, cabildos y ayuntamientos, a través de plataformas de nuevas tecnologías y foros específicos, que surge de la necesidad de búsqueda de nuevas soluciones a los nuevos tiempos surgidos tras la crisis económica y la incorporación de normas tales como la Ley 2/2015, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción o la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Tal y como contempla el proyecto de Ley, el nuevo sistema público de servicios sociales estará integrado por el conjunto de administraciones públicas canarias coordinadas en red, junto con sus centros, servicios y demás recursos en materia de servicios sociales y de asistencia social, de titularidad pública y privada, destinados a la ciudadanía en general, y en particular a las personas y colectivos más desfavorecidos, o quienes se hallaren en situación de exclusión social o estén en un posible riesgo de estarlo.

La nueva normativa contempla, además, el diseño de un catálogo de Servicios y prestaciones que definirá el Mapa de Recursos de Atención Social en Canarias, que será un indicador fundamental para la eficiencia de calidad de los servicios y prestaciones y, además, servirá para regular la evaluación de la calidad y la eficacia.

La denominada Estrategia Canaria de Infancia y Familia tiene como objetivo definir las líneas de política social de la Comunidad Autónoma de Canarias en esta materia para el período de 2019 a 2023. En septiembre del pasado año se creó una ponencia técnica, compuesta por profesionales de las distintas administraciones públicas con competencias en la atención integral a los menores y constituida dentro de la Comisión Interadministrativa de Menores, para analizar el primer borrador de la Estrategia elaborado a partir del Informe de la Situación de la Infancia y la Familia en Canarias, cuyas recomendaciones finales sirvieron de partida para la elaboración del borrador, diseñado por un grupo de trabajo compuesto por profesores de las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, y técnicos de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. La Estrategia Canaria de Infancia y Familia se rige por un conjunto de principios normativos y valores rectores que se concretan en 7 líneas de actuación, 35 objetivos y 205 medidas. La nueva Ley de Servicios Sociales convertirá - en este y todos los demás campos- las prestaciones sociales en derechos, lo que implicará una transformación que va mucho más allá del lenguaje e incidirá directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.