Pedro Crespo González (S/C de Tenerife, 1971) es licenciado en Ciencias Físicas por la ULL. Como docente ha impartido clases en el Colegio Alemán de Santa Cruz, el IES Jinámar de Telde y el Pérez Minik de La Laguna. Entró en la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) en el año 2000 por su "perfil de vocación de ayudar" y desde 2010 preside el sindicato con mayor apoyo del profesorado en Canarias. Defiende "la unidad sindical para conseguir logros y que no ocurra como con los sexenios cuando se reivindicaba la homologación retributiva. Hubo división y lo pagaron los trabajadores".

El sindicato Anpe renovó otra vez en Canarias la confianza del docente. ¿Cuál es el secreto?

Por un lado, la independencia, sin ninguna injerencia de la política y una sola consigna, la defensa del profesor. Por otro, la profesionalidad a la hora de ayudar al docente y ofrecerle servicios como asistencia letrada o el Defensor del Profesor. Y la capacidad de negociación para obtener mejoras laborales.

¿Cuáles son los principales retos de la Junta de Personal que preside de nuevo?

El pleno constituyente ha considerado prioritarias cuatro cuestiones. En primer lugar, la disminución del máximo horario semanal del profesorado para el curso 2019-2020. Asimismo, la configuración pactada de un nuevo sistema de listas de empleo de los docentes. En tercer lugar, la disminución de las ratios alumno-profesor. Y por último, la mejora de las infraestructuras educativas, modernizando las más obsoletas, además de crear nuevos centros para reducir la actual masificación del alumnado en Secundaria.

¿Para cuándo un pacto de Estado sobre la educación y un estatuto del docente?

Son fundamentales un estatuto de la función docente y una ley del profesorado que estén vigentes al margen de quién gobierne. Haciendo un poco de humor vamos camino de la Tremce después de la Lomce, porque la Domce no llegó a ver la luz. Ese es el gran problema de la educación. Políticamente se juega con ella y se usa para la confrontación. Ha habido momentos, como con el ministro Gabilondo, o más recientemente con el PP, donde ha estado a punto de firmarse el acuerdo, pero la política lo frustró. No sería algo complejo, pero el que llega siempre rompe lo anterior.

¿Es igual la problemática de un maestro rural que la de un profesor en una urbe de Canarias?

En esencia sí, siempre en la enseñanza pública, que es nuestro ámbito de actuación, porque a todos los profesores les interesan las mismas cuestiones troncales: la movilidad, la retribución y las condiciones para dar clase. Luego hay diferencias, porque influye, por ejemplo, la zona geográfica. No es lo mismo el IES de Los Cristianos, pensado para 500 alumnos y con 1.200 de 21 nacionalidades, que una escuela rural en La Palma o el Cabrera Pinto de La Laguna. Pero hay un punto de partida común.

¿Qué mensaje lanza Anpe a los opositores sin plaza?

El decreto actual no lo compartimos. Pensamos que se debe compaginar la experiencia docente con el valor de superar una fase de oposición. Hay plazas porque todos los años se jubilan entre 800 y 1.200 profesores y es necesario articular ambos frentes. El término medio es posible.

Las agresiones a docentes parecen una lacra que no cesa, pero sus datos no coinciden con los de la Consejería. ¿Por qué?

La Consejería no ha publicitado un sistema que facilite la comunicación cuando un docente es agredido. Nosotros sí lo tenemos en el Servicio del Defensor del Profesor. Este pide ayuda cuando no puede más. La consejera Soledad Monzón lo prometió en noviembre de 2017 y abril de 2018. Hace dos semanas presentó en la Mesa Técnica un protocolo de actuación. Las diferencias son evidentes, pues la agresión física es un hecho puntual, lo que más se da son amenazas de alumnos o padres, insultos, acoso, humillaciones...

El proceso para las próximas pruebas de oposición, ¿en qué momento se encuentra?

No hay una fecha exacta todavía para las pruebas. Esperamos que a primeros de marzo se publique la orden de convocatoria. Podrían ser el 21 o el 22 de junio. Hemos logrado algunas cosas desde la acción sindical, como que el tribunal esté obligado a enseñar las pruebas a los docentes o la ampliación del horario del examen. Hay 1.200 plazas de maestros y 10 para inspectores.

¿Cómo funcionan la Junta de Personal y la Mesa Sectorial?

Anpe siempre ha optado por la unidad sindical para presentar las reivindicaciones. En la Junta nos reunimos los delegados electos y tenemos mayoría tras las votaciones del 4 de diciembre. Pero siempre optamos por el consenso. En la Mesa Sectorial se negocia ya con la administración. La más reciente trató sobre las listas de interinos, las oposiciones o la orden de asistencia psicológica y letrada el docente.

¿No tiene la educación en Canarias una problemática lo suficientemente distinta como para tener un sindicato solo de aquí?

No tenemos ninguna dificultad porque los planteamientos de Anpe a nivel nacional son los del profesorado en general: interinos, Defensor... las propuestas se desarrollan luego a nivel autonómico y esta es la provincia con más afiliados. Ayuda mucho compartir las experiencias para luego usarlas en la negociación.