Hasta que una ley se aprueba en el Parlamento y modifica aspectos de la vida de los ciudadanos pasan meses, incluso años, y en este camino la discusión y recopilación de datos es fundamental. Pero, ¿qué pasaría si las dos Cámaras tuvieran una oficina permanente de asesoramiento científico y tecnológico?

Muchas de las iniciativas que han sido protagonistas del debate parlamentario en los últimos años tienen detrás aspectos científicos y/o tecnológicos -protección de datos, "big data", nucleares, tabaco, contaminación por plásticos o genómica-, así que una oficina de este tipo, como las que ya existen en Reino Unido, Suiza, Grecia, Francia o Alemania, ayudaría a legislar con evidencia científica.

Se trata de dar asesoramiento neutral a los legisladores, ni opiniones ni recomendaciones, sino información basada en el conocimiento científico y tecnológico, pero también adelantarse a posibles futuras leyes o modificaciones normativas porque ¿tendrá España que legislar, por ejemplo, sobre técnicas de edición genética, aspectos de la reproducción asistida o el uso de robots?

Estas oficinas/consejos de asesoramiento -en el Parlamento catalán existe uno- tienen por lo general entre 5 y 15 asesores científicos y técnicos que preparan evidencias científicas sobre un tema en concreto, escudriñando centenares de artículos y haciendo entrevistas a expertos -investigadores, empresarios, académicos, miembros de ONG-, cuyo resultado se plasma luego en informes de dos a cuatro páginas con la información relevante para los políticos. Estos textos pasan además, antes de su publicación, una revisión por expertos de cada tema.

La propuesta de llevar esta gran "biblioteca científica" a las Cortes está impulsada por la asociación Ciencia en el Parlamento, una iniciativa ciudadana que ya cuenta con el apoyo de más de 170 instituciones y que tiene como objetivo conseguir que la ciencia y el conocimiento sean cada vez más importantes en la formulación de iniciativas políticas.

Para ello, y para centrarse en las necesidades de la sociedad, hay que fomentar la relación entre políticos y científicos, tecnólogos e innovadores y una oficina de asesoramiento es un gran paso, según Eduardo Oliver, portavoz de Ciencia en el Parlamento, quien señala a que no se trata de sustituir los cauces que ahora existen -asesores de grupos parlamentarios, ponencias de expertos-, sino de crear un espacio parlamentario de permanente consultoría.

"Las oficinas pretenden que los políticos tomen decisiones sobre todo informadas y basadas en el conocimiento y la evidencia". Pero no solo estas oficinas asesoran a petición de los parlamentarios sino que también pueden adelantarse.

La del Reino Unido, que se estableció en el Parlamento británico hace más de 25 años, publicó un informe con las últimas investigaciones y evidencias sobre enfermedades mitocondriales -transmitidas por la madre- y los adelantos para facilitar que mujeres con mutaciones en el ADN mitocondrial puedan tener hijos.

Esto provocó que este parlamento fuera el primero en legislar sobre la técnica popularmente conocida como "hijos de tres padres genéticos", en la que se reemplaza las mitocondrias con alteraciones de la madre por mitocondrias de una donante sana.

También lo hicieron con el cigarrillo electrónico, cuando aún no estaba extendido, detalla Oliver, quien agrega que los informes que se publican se van modificando para añadir los últimos avances.

Las conclusiones de los técnicos de asesoramiento -que deben saber divulgar y hablar "el idioma de los políticos"- no son vinculantes y a veces incluso los políticos pueden tomar decisiones contrarias: "Los técnicos deben estar preparados para la frustración".

Existe una red europea de estas oficinas -EPTA, en sus siglas en inglés- que engloba a 22 miembros, doce de ellos miembros plenos -diez países europeos, el Parlamento Europeo y el Parlamento catalán- y diez miembros asociados, como EEUU, Chile o México.

España tiene que buscar su propio modelo, con sus matices, y aprender lo que funciona bien en otros países, argumenta Oliver.

En la mayoría existe una especie de "patronato" formado por políticos y representantes científicos, encargado de garantizar las actividades del grupo de técnicos de asesoramiento que forman la oficina y que preparan los informes, además de conectar a los parlamentarios con científicos.

En los parlamentos donde existen se celebran al menos una vez al año debates científicos y eso va a ocurrir en noviembre en el Congreso de los Diputados, dentro de los actos del 40 aniversario de la Constitución: se han elegido doce temas -cambio climático, envejecimiento, contaminación, conciliación social, ciberseguridad o migraciones- y de todos se publicarán informes. La sensación es buena, pero la oficina la habrá solo si los políticos están convencidos; las jornadas serán importantes para demostrar la necesidad de esta asesoría, concluye Oliver.