La secretaria de la Mujer de CCOO Canarias, Esther Rivero, ha considerado hoy "desalentador" que sólo el 38 por ciento de las 5.000 personas discapacitadas contratadas en Canarias sea mujer y lamentó la baja empleabilidad en este colectivo en las islas, donde de los 135.000 discapacitados que existen, 80.000 están en edad de trabajar.
Rivero informó de estos datos con motivo de unas jornadas tituladas "Mujeres con discapacidad y mercado de trabajo", en las que dio a conocer un estudio elaborado en Gran Canaria, que revela que el perfil de la mujer trabajadora discapacitada responde a una persona con un grado de discapacidad de entre el 33 y el 64 por ciento, y con una edad comprendida entre los 24 y 44 años.
Destacó además que la tasa de desempleo afecta al 63 por ciento de la población, lo que duplica la tasa de paro femenina sin problemas de este tipo, y que la formación de la mayoría de estas mujeres es básica, por lo que son trabajadoras de baja cualificación empleadas en el sector servicios sobre todo y en el área administrativa.
Indicó que este análisis sobre la inserción laboral de la mujer discapacitada forma parte de un proyecto del área de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria y se llevó a cabo durante seis meses en los que se entrevistó a 60 mujeres y once empresas de la isla.
Según el estudio, en la provincia de Las Palmas solo están insertadas laboralmente 2.600 mujeres discapacitadas, señaló Rivero, que dijo que en los servicios de empleo de Canarias hay inscritos 6.786 discapacitados.
Rivero indicó además que la empleabilidad en los hombres discapacitados en España es mucho mayor y la cifró en 64 por ciento, mientras que la femenina se sitúa en el 36 por ciento, y explicó que esta diferencia está relacionada con los roles que se le atribuyen a la mujer como responsables de las tareas domésticas, y de las cargas familiares y de personas dependientes.
Lamentó que pese a los avances legislativos que se han producido desde la aprobación hace casi 30 años de la Ley de Integración Social de los Minusválidos, la integración laboral de las mujeres no se ha conseguido, por lo que consideró que habría ser más vigilantes en el cumplimiento de la ley.
Las cuotas de contratación de estas personas a las que obliga la ley no se cumplen en la empresa privada, que en muchos casos optan por pagar la multa correspondiente o acuden a los servicios de empleo específicos y contratan así a estas personas para que efectúen labores de limpieza, en lugar de crear puestos de mayor cualificación, indicó Rivero.