El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela ha dado por finalizada la instrucción seguida por presunta prevaricación contra el senador de Coalición Canaria y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, y ha preguntado a las partes si debe sentarle en el banquillo u ordenar diligencias complementarias.

En un auto, el instructor del Alto Tribunal sostiene que el político "en ningún momento" siguió el procedimiento legal exigible para la aprobación de unas obras municipales, pese a su entidad y elevado coste, y no convocó concurso de adjudicación y contratación.

"El querellado era plenamente consciente de la ilegalidad de su proceder, que le era reiteradamente expuesta por los funcionarios de la Intervención", expone el magistrado, para poner de relieve que el querellado acudió a informes contradictorios para "alzar los reparos" formulados por Intervención.

El magistrado instructor concluye que tal conducta no puede excluirse de "cierta tacha" o antijuricidad y, por ello, cabe considerar que incurre en posible prevaricación. "No solamente porque abordar unas obras de tal naturaleza sin proyecto o partida presupuestaria, y el encargo a una empresa soslayando los más elementales cánones democráticos de prevención frente a la corrupción, concurra o no ésta, ya es obviamente contraria a toda lectura del ordenamiento administrativo", explica.

Añade que abordó las obras pese a las reiteradas advertencias de los órganos encargados de evitar "lamentables fenómenos de corrupción", como la Intervención de fondos. A su juicio, la contraposición de informes de encargo no puede desvirtuar a los profesionales independientes de los avatares de la política.

Varela remarca que las personas que podrían ser acusadas son Miguel Zerolo, Guillermo Núñez y Joaquín Castro por su participación en el caso García Cabrera.

El Senado ya concedió el pasado julio el suplicatorio, después de que el senador lo pidiera para poder demostrar su inocencia.

"Confío plenamente en la justicia y en mi inocencia. Lo que quiero es que cuanto antes se dé el suplicatorio, para cuanto antes poder demostrar que no he tomado ninguna decisión injusta a sabiendas", aseguró minutos antes de comparecer ante los miembros de la Comisión de Suplicatorios.

Los hechos se remontan al año 2003 cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vio la necesidad de realizar obras de acondicionamiento en el edificio de oficinas municipales que tenía en la calle General Antequera, y para permitir estos trabajos se decidió habilitar como sede provisional de estas oficinas la antigua sede del Instituto Hermanos García Cabrera, en Ofra, pese a los numerosos reparos del interventor.