Vecinos de Cuesta Piedra reclaman las escrituras de sus viviendas tras décadas de espera

Veinticinco años después de que comenzara la reposición de Cuesta Piedra, las escrituras siguen siendo la asignatura pendiente. Los titulares de las 355 viviendas vinculadas a aquel proceso continúan sin disponer del documento que les permita acreditar plenamente la propiedad de unas casas levantadas para sustituir las antiguas construcciones del barrio. Para algunos afectados, la espera se remonta a 2001; las últimas viviendas de la operación se entregaron en 2013.

El problema volvió a la mesa del Ayuntamiento en una reunión entre el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el Grupo Motor de Cuesta Piedra, con responsables de Infraestructuras, Viviendas y del distrito Salud-La Salle la primera semana de agosto. El Consistorio reconoce que la titularidad y las escrituras siguen pendientes tras la disolución del Patronato de La Candelaria.

Para entender la situación hay que regresar a mediados de los noventa. Celso Blanco, representante vecinal y protagonista del proceso, recuerda que en 1996 comenzaron las reuniones para transformar Cuesta Piedra: derribar las viejas viviendas, levantar otras nuevas y decidir dónde realojar a cada familia, como les propuso el entonces concejal de Urbanismo Pablo Matos.

Blanco insiste en que la reposición no se diseñó desde los despachos. Los vecinos constituyeron una comisión y participaron en las decisiones. Según relata, se consultó a las 355 familias sobre sus preferencias: piso, dúplex o traslado a otra promoción. Conserva, asegura, copia de aquellas consultas.

Las primeras obras comenzaron en 2001. Entre los primeros desarrollos estuvieron 72 viviendas en la parte alta y 64 dúplex en la zona inferior, detrás de Mercadona. La reposición avanzó por etapas mientras una parte de las familias aceptó salir de Cuesta Piedra para hacer viable urbanísticamente el conjunto.

El número que hoy resulta clave es 108. Fueron los vecinos trasladados a promociones exteriores, entre ellas Santa Clara, Obsidiana I y Obsidiana II y otros inmuebles dispersos. Blanco sostiene que aquel traslado fue voluntario y se aceptó con una condición esencial: quienes salieran conservarían «los mismos derechos» que quienes permanecieran en Cuesta Piedra cuando llegara el momento de formalizar la propiedad.

Blanco asegura que en la última reunión se planteó comenzar a regularizar primero las viviendas situadas físicamente en Cuesta Piedra porque existen mayores dificultades documentales en algunas promociones a las que fueron derivados los 108 vecinos. La comisión se opone a que esa diferencia administrativa termine convirtiéndose en una diferencia de derechos.

«Aquí se hacen todas a la vez», resume. No significa que los 355 propietarios deban acudir simultáneamente a una notaría, sino que la tramitación avance con el mismo criterio para todos los expedientes que puedan resolverse, estén las viviendas en Cuesta Piedra, Santa Clara, San Pío o cualquiera de las promociones vinculadas a la reposición.

El representante vecinal recuerda que muchas familias aceptaron marcharse para liberar suelo y permitir que el proyecto continuara. Según su relato, desde el principio se sostuvo en las asambleas que nadie perdería derechos por aceptar el realojo. Para Blanco, entregar primero las escrituras a quienes permanecieron supondría un «agravio comparativo» para quienes facilitaron la operación trasladándose.

La batalla documental tampoco es nueva. Blanco calcula que llevan unos quince años encadenando reuniones sobre la regularización. Cada avance parecía acercar las escrituras: recopilación de datos, trámites con distintas administraciones y la incorporación de ese patrimonio al ámbito municipal. «Reuniones tras reuniones», resume.

Hasta 25 años esperando

La paradoja se entiende mejor con las fechas. Hay afectados que recibieron viviendas desde 2001, mientras que las últimas promociones fueron entregadas en 2013. Dentro del mismo proceso conviven familias que acumulan hasta un cuarto de siglo esperando la documentación con otras que llevan trece años.

Para los residentes no se trata solo de guardar una escritura en un cajón. El título de propiedad determina la posibilidad de disponer con normalidad del inmueble, ordenar transmisiones, herencias u otras operaciones jurídicas. Blanco lo resume de manera directa: «No podemos disponer de nada» mientras la documentación definitiva siga pendiente.

Blanco participó «desde el minuto uno» en las negociaciones y fue uno de los 108 residentes que aceptaron marcharse fuera del barrio. Se trasladó en 2005 y continúa presidiendo su comunidad. Durante años ha repetido que cada gestión significaba que quedaba un poco menos para alcanzar la propiedad definitiva.

Por eso rechaza que el último tramo de la regularización divida ahora a los mismos vecinos que afrontaron conjuntamente la reposición. La comisión pide que se respeten los acuerdos que, según sostiene, acompañaron al proceso desde sus comienzos y reclama al Ayuntamiento que refuerce los medios técnicos o jurídicos si son necesarios. «¿Dónde han estado 25 años?», pregunta Blanco al exigir una solución que no deje atrás a parte de los afectados.

Así se hizo la entrega

La forma en que se ejecutó la reposición explica, a juicio de Blanco, por qué las familias consideran incomprensible que falte el último documento. El representante vecinal recuerda que los antiguos residentes tenían contratos sobre aquellas casas y que, en algunos casos, cuando comenzó la operación apenas faltaban unos meses para completar el compromiso de 40 años, tras el cual las viviendas debían pasar a sus manos.

Para hacer posible la reposición gratuita, explica, el Ayuntamiento asumió la titularidad necesaria para derribar las antiguas construcciones y sustituirlas por las nuevas. El mecanismo tuvo que resolver además casos en los que el propietario formal de la vivienda ya no era quien residía en ella.

Según relata Blanco, a aquellos propietarios que tenían una casa pero no vivían allí se les abonaron 12.000 euros por vivienda mediante la expropiación. Después, la nueva casa podía adjudicarse a la familia que residía efectivamente en Cuesta Piedra y cumplía las condiciones pactadas. Uno de los requisitos era acreditar más de tres años viviendo en el barrio, además de disponer de los contratos privados correspondientes.

«Y así es como se hizo», recuerda. De esta manera se pudo ir vaciando el antiguo núcleo, derribando viviendas y entregando las nuevas sin que los residentes tuvieran que pagar por la reposición. La operación afectó a las 355 viviendas y permitió reconstruir Cuesta Piedra por fases. A la vez, 108 familias aceptaron trasladarse fuera bajo el compromiso, según la versión vecinal, de mantener los mismos derechos que quienes permanecían.

Esa historia lleva a Blanco a plantear una pregunta: si el Ayuntamiento pudo expropiar, derribar, construir, realojar y entregar las casas, ¿por qué continúa pendiente ponerlas definitivamente a nombre de quienes las ocupan? Blanco no entiende que, culminada la reposición, siga abierta la parte jurídica.

Retomar el expediente

La versión municipal confirma que la situación de los títulos continúa abierta. En la reunión con el Grupo Motor –los interlocutores vecinales–, el gobierno local situó la titularidad de las viviendas entre los asuntos prioritarios de Cuesta Piedra y señaló que Viviendas Municipales trabaja en la documentación después de la disolución del Patronato de La Candelaria.

El encuentro abordó también el futuro pabellón deportivo del barrio. El Ayuntamiento promete aprobar el proyecto técnico antes de final de año y buscar financiación del Cabildo y del Gobierno canario. Los vecinos son menos optimistas: recuerdan que ya fue anunciado y presentado, mientras pasa el tiempo, suben los precios y no se mueve una piedra.

Para quienes protagonizaron la reposición, ninguna infraestructura nueva borra el expediente que lleva más tiempo sobre la mesa. Cuesta Piedra cambió, desaparecieron las antiguas casas, se levantaron otras, 108 familias aceptaron mudarse fuera y la última promoción quedó entregada hace trece años. Lo que todavía no ha llegado es el documento que cierre aquella transformación.

Celso Blanco lo plantea como una cuestión de palabra dada. Después de décadas de reuniones con responsables municipales de distintas etapas, reclama que el final sea el mismo para todos: que cada familia de la reposición pueda recibir finalmente el título de la vivienda que ocupa. Veinticinco años después de que empezaran a levantarse las primeras casas nuevas, las escrituras siguen siendo la última obra pendiente de Cuesta Piedra.

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