La Asociación de Memoria Histórica llevará al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a los tribunales por el monumento a Franco

La Asociación de Memoria Histórica de Tenerife llevará al Ayuntamiento de Santa Cruz ante los tribunales por negarse, a pesar de la orden dada por el Gobierno de España, a retirar el Monumento a la Victoria, situado en la avenida de Anaga y conocido como monumento a Franco. Para poder afrontar este litigio, "y todos aquellos dirigidos a garantizar el cumplimiento de leyes memoralistas", esta entidad ha reclamado a las administraciones públicas, fundamentalmente al Estado y al Gobierno de Canarias, recursos económicos y jurídicos. Y en el supuesto de que dichos recursos no se consigan, la asociación ya ha anunciado que pondrá en marcha una campaña de crowfunding para conseguir financiación, solicitando la colaboración ciudadana.

"Lo que podemos asegurar es que acudiremos a la Justicia para denunciar al Ayuntamiento de Santa Cruz por incumplimiento de la ley. El Gobierno de Canaria rechazó la declaración de BIC (Bien de Interés Cultural) de este monumento. El Gobierno de España ha dictado una resolución ordenando su retirada en seis meses. Y a pesar de todo esto, el Consistorio chicharrero, propietario de este vestigio franquista, en lugar de cumplir la ley, lo que hace es recurrir la resolución del Estado e intentar protegerlo a través de su catálogo de bienes patrimoniales. Esto es algo que no se puede permitir", manifiesta la presidenta de la Asociación de Memoria Histórica, Mercedes Pérez Schwartz.

Ésta insiste en la necesidad de que las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica cuenten con ayuda de las administraciones públicas para poder hacer frente a los procedimientos judiciales necesarios para garantizar el cumplimiento de las leyes de memoria democrática. Para Mercedes Pérez Schwartz, este respaldo resulta imprescindible en un momento en el que son las propias asociaciones las que, en muchas ocasiones, "se ven obligadas" a acudir a los tribuanles para exigir la aplicación efectiva de la legislación vigente.

Esta reivindicación se suma al escrito que la asociación ha remitido al Estado para solicitar la celebración de un gran encuentro estatal de entidades memorialistas. Para Pérez Schwartz, el apoyo institucional debe ir más allá del reconocimiento simbólico y traducirse también en instrumentos que permitan a las asociaciones defender jurídicamente el cumplimiento de las leyes "cuando las administraciones no las aplican de forma efectiva".

"Nos parece clave que se fomente esta colaboración y acción institucional conjunta para tener herramientas que ayuden a acabar con una situación en la que son las organizaciones que defienden y amparan el franquismo las que disponen de medios para afrontar procesos judiciales con los que evitar cumplir con la legalidad, como hemos visto recientemente en Tenerife", señala la Asociación de Memoria Histórica refiriéndose a la Asociación San Miguel Arcángel, presidida por un concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Luis Sosa-Tolosa del Valle.

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