El Centro Deportivo Go fit no corre peligro: el Ayuntamiento tramita la modificación del Plan General para regularizar su construcción

El Centro Deportivo Go fit de Santa Cruz de Tenerife, situado en Tomé Cano y construido mediante una concesión municipal, no corre peligro. La anulación, por parte del Tribunal Supremo (TS) a raíz de un recurso presentado por el Gobierno de Canarias, de la ordenanza provisional que aprobó el Ayuntamiento en 2022 para ejecutar este proyecto no producirá ningún efecto "práctico" sobre el funcionamiento del complejo deportivo. Así lo ha explicado este miércoles, 5 de agosto, la Gerencia Municipal de Urbanismo, que insiste en que todas las licencias otorgadas son legales.

Eso sí, y tal como también lo apunta el Ejecutivo canario, es necesario regularizar la situación de la parcela tras la anulación de la ordenanza, porque cualquier futura obra que se quiera llevar a cabo en la zona no se podría autorizar. Para ello, y según lo indica el Consistorio, Urbanismo tramita una modificación del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio, con la que se pondría fin a cualquier discrepancia con el planeamiento en este ámbito.

"La sentencia del TS no tiene efectos prácticos sobre la parcela en la que se levantó el Go fit. En el momento que se hizo la obra, la ordenanza provisional estaba en vigor y las licencias concedidas ajustadas a la ley", comenta Urbanismo. Pero aun así, dicho organismo municipal está modificando el PGO vigente, de 2005, tras la anulación del de 2013, para "corregir la situación señalada por el alto tribunal". Y es que, y según lo admite Urbanismo, este fallo judicial sí limitaría las futuras licencias. "Se modifica el PGO para que, de cara al futuro, cualquier cosa que se vaya a hacer esté correctamente regulada".

El Supremo ha anulado la ordenanza municipal que permitió la ejecución del proyecto del Palacio de Deportes

En concreto, con la modificación del PGO que el Ayuntamiento está tramitando se incorpora al citado documento la ordenación aprobada en 2022 mediante la ordenanza provisional del Palacio de Deportes y se modifica la calificación de otras parcelas, que siendo equipamientos deportivos existentes de carácter municipal o insular, se encuentran "erróneamente" calificados como parques deportivos o urbanos. Por lo tanto, y según Urbanismo, cualquier futura discrepancia entre planeamientos se subsanará con la modificación del PGO.

La construcción del Centro Deportivo Santa Cruz Go fit ha estado marcada, desde el principio, por numerosas vicisitudes. En septiembre de 2018, el Ayuntamiento adjudicó a la empresa Go fit Andalucía la concesión para construir y gestionar un nuevo Palacio de Deportes en Tomé Cano, con el fin de transformar y mejorar toda esta manzana deportiva de la ciudad. La entidad que quedó en segundo lugar recurrió la adjudicación y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias le dio la razón. Pero Go fit logró finalmente quedarse con la concesión, tras acudir a la Justicia, pues ésta estimó su recurso.

Cuando ya parecía que todo se había resuelto, las obras del "mayor complejo deportivo de la capital" recibieron un nuevo varapalo, la anulación del PGO de 2013 y la entrada en vigor de la adaptación básica de 2005 del PGO de 1992. La ordenación vigente impedía que los trabajos se pudieran llevar a cabo, los cuales incluían la demolición de toda la zona anexa al Pabellón Quico Cabrera y de la edificación inacabada que se encontraba en la zona.

Con el objetivo de desbloquear el proyecto del Palacio Municipal de Deportes, el Ayuntamiento aprobó en 2022 la citada ordenanza provisional. Pero los problemas continuaron. El Gobierno de Canarias llevó esta norma municipal ante los tribunales al considerar que debía contar con evaluación ambiental estratégica. En un primer momento, se desestimó el recurso, pero el Ejecutivo canario decidió entonces acudir al Tribunal Supremo. Con el centro deportivo ya abierto, pues fue inaugurado en junio de 2025, el alto tribunal sí ha dado la razón a la Comunidad Autónoma, anulando la ordenanza provisional de Santa Cruz.

Mientras que el Consistorio chicharrero considera que dicha evaluación ambiental no era ni obligatoria ni necesaria, el Ejecutivo canario defiende que, en principio, la transformación del citado espacio de la ciudad no era totalmente inocua para el medio ambiente. Además, el Supremo concluye en la sentencia que, en todo caso, la valoración sobre la incidencia medioambiental no le correspondía al Ayuntamiento de Santa Cruz, sino al "órgano competente en la materia".

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