La Asociación de Memoria Histórica califica de "escándalo" proteger el Monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife (ARMHT) ha expresado su rechazo a la posibilidad de que el Monumento a Franco, ubicado en la avenida de Anaga de Santa Cruz de Tenerife, sea incorporado al catálogo municipal de bienes patrimoniales con algún grado de protección.

La entidad considera que este nuevo movimiento supone una maniobra para evitar la retirada de la escultura, después de que fracasara el intento de declararla Bien de Interés Cultural (BIC) y de que el Gobierno de España ordenara su retirada del espacio público en un plazo de seis meses.

La controversia se reactivó después de que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, anunciara que el Ayuntamiento recurrirá en alzada la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que obliga a retirar el monumento. Además, el Consistorio estudiará, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la posibilidad de incluir la escultura en el Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de la capital.

Una escultura marcada por la memoria democrática

El Monumento a la Victoria, conocido popularmente como Monumento a Franco, es una obra del escultor Juan de Ávalos situada en una de las entradas de Santa Cruz. Durante años ha sido objeto de debate por su vinculación con la dictadura franquista y por su presencia en el espacio público.

La polémica no gira solo en torno al valor artístico de la pieza, sino también sobre su significado político y simbólico. Para las asociaciones de memoria democrática, el monumento constituye un elemento de exaltación de la dictadura y un agravio para las víctimas del franquismo y sus familias.

La Ley de Memoria Democrática establece el deber de los poderes públicos de adoptar medidas dirigidas a la reparación de las víctimas de la Guerra y la Dictadura, así como a evitar la exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o el franquismo en espacios públicos.

En Canarias, la Ley 5/2018 de memoria histórica contempla la elaboración de un catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, y señala que las administraciones públicas deben tomar medidas para retirar objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la rebelión militar, la Guerra Civil o la dictadura. La misma ley prevé excepciones cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.

El Ayuntamiento recurre la orden del Estado

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha optado por recurrir la resolución estatal que obliga a retirar la escultura en seis meses. El argumento municipal se apoya en que, aunque el expediente BIC fue rechazado, podrían existir otras vías de protección patrimonial, como su inclusión en el catálogo municipal.

Según la información trasladada por el Consistorio, la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico ha acordado valorar la protección integral del monumento por sus posibles valores artísticos, su monumentalidad y su aportación al entorno urbano. La decisión final dependerá ahora del estudio técnico de Urbanismo.

El alcalde ha defendido que, si se abre una vía para proteger la escultura, no tendría sentido iniciar al mismo tiempo los trámites para su retirada. También ha planteado que, en caso de conservarse, el monumento debería pasar por un proceso de resignificación, con otro relato histórico o museístico.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife habla de "escándalo"

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife considera que la búsqueda de fórmulas para proteger el monumento supone un “escándalo”. Su presidenta, Mercedes Pérez Schwartz, critica que, casi veinte años después de la primera Ley de Memoria Histórica estatal y pocos días después del 90 aniversario del golpe militar de 1936, se sigan utilizando recursos administrativos para mantener una escultura vinculada al franquismo.

La entidad sostiene que estas decisiones atacan la memoria de las familias de las víctimas que sufrieron persecución, muerte, saqueo de bienes o represión durante la dictadura. También reprocha al gobierno local de Coalición Canaria y Partido Popular que, a su juicio, siga las estrategias defendidas por Vox en materia de memoria democrática.

La asociación recuerda que ya presentó alegaciones al expediente del catálogo municipal de bienes patrimoniales de Santa Cruz, al entender que el monumento no debía ser protegido. Según la ARMHT, la sorpresa llegó al conocer que el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico planteaba incluir una pieza que, inicialmente, no figuraba como tal en el documento expuesto al público.

El catálogo municipal, la nueva vía de debate

El nuevo Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz se encuentra actualmente en tramitación. El documento aprobado de forma inicial recoge 787 bienes arquitectónicos de titularidad pública o privada, una cifra muy superior a la del catálogo vigente del Plan General de Ordenación de 2005.

Entre los bienes incluidos aparecen edificios, espacios y elementos urbanos de distintas épocas, como el Hospital San Juan de Dios, el Monumento a los Caídos de la plaza de España, el Cine Víctor, el Hotel Contemporáneo, la Casa Cuna, el Mercado de la Abejera, el Cine Teatro Baudet o la antigua sede de la Compañía Telefónica.

La posible incorporación del Monumento a Franco al catálogo municipal abre una vía distinta a la del BIC. Mientras la declaración como Bien de Interés Cultural dependía del Gobierno de Canarias y fue rechazada, la inclusión en el catálogo local sería una herramienta urbanística y patrimonial del propio Ayuntamiento.

El choque entre protección artística y memoria democrática

El fondo del debate está en si una obra vinculada al franquismo puede mantenerse en el espacio público por sus posibles valores artísticos o si debe ser retirada por su significado de exaltación de la dictadura.

El Ayuntamiento defiende que la legislación permite conservar elementos si cuentan con protección patrimonial y si se resignifican. Las asociaciones memorialistas, en cambio, entienden que esa interpretación abre la puerta a conservar símbolos franquistas mediante informes artísticos o fórmulas administrativas.

La Ley canaria de memoria histórica prevé la retirada de símbolos franquistas, pero también contempla excepciones cuando existan razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley. Esa excepción es, precisamente, uno de los puntos que ahora centra la disputa.

La asociación pide apoyo jurídico para las víctimas

La ARMHT reclama que se avance en el Catálogo canario de elementos franquistas, registrado inicialmente en 2021 y pendiente de desarrollo definitivo. La asociación asegura que ha solicitado una cita con la Consejería competente y que, pese a formar parte de la comisión canaria, aún no ha recibido respuesta.

La entidad también anuncia que las familias de víctimas de la dictadura pedirán al Ministerio de Memoria Democrática una línea de actuación que permita colaborar jurídicamente con quienes defienden el cumplimiento de la normativa memorialista.

Según la asociación, muchas familias no tienen recursos suficientes para afrontar procesos judiciales que consideran necesarios para evitar que se mantengan símbolos vinculados a la dictadura. La ARMHT advierte, además, del riesgo de que futuras mayorías políticas puedan intentar eliminar o debilitar leyes de memoria ya aprobadas democráticamente.

Un conflicto que puede acabar en los tribunales

El alcalde de Santa Cruz ya ha advertido de que, si el Estado mantiene su intención de retirar el monumento y sancionar al Ayuntamiento en caso de incumplimiento, el conflicto acabará en la Justicia.

El Gobierno de España había ordenado la retirada de la escultura tras la desestimación del expediente BIC y su inclusión en el marco de los elementos contrarios a la memoria democrática. La resolución estatal establecía que la obra debía ser retirada del espacio público y depositada en una dependencia pública, sin exposición pública.

Mientras tanto, la vía abierta por el Ayuntamiento mediante el catálogo municipal prolonga un debate que enfrenta patrimonio, memoria democrática, interpretación legal y reparación a las víctimas del franquismo.