Los vigilantes del Ayuntamiento de Santa Cruz aclaran sus competencias en Los Charcos de Valleseco tras la denuncia sindical

El comité de empresa de los vigilantes de seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha salido al paso de la denuncia formulada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que cuestionó la presencia de seguridad privada en Los Charcos de Valleseco al considerar que podría estar desempeñando funciones reservadas a la Policía Local. Los representantes de los vigilantes aseguran que su actuación se desarrolla «estrictamente dentro del marco legal» y lamentan lo que consideran otro ataque hacia el colectivo.

Respuesta al CSIF

El comité afirma que no pretende «abrir ni continuar una guerra de dimes y diretes», aunque considera necesario aclarar ante la ciudadanía cuáles son las funciones que desempeñan los vigilantes de seguridad. Además, recuerda que no es la primera vez que otro colectivo de funcionarios municipales cuestiona su labor.

Los representantes de los trabajadores sostienen que comprenden las reivindicaciones laborales y competenciales de la Policía Local, pero rechazan que se canalicen «atacando a un colectivo que ejerce sus funciones amparado en la Ley de Seguridad Privada».

Funciones recogidas en la ley

Recuerdan que, aunque los vigilantes no tienen la condición de agentes de la autoridad, la legislación les atribuye expresamente competencias como el control de accesos y aforos, así como la vigilancia y protección de instalaciones, usuarios y trabajadores. Subrayan que esas mismas funciones las desarrollan durante todo el año en edificios municipales y también en grandes eventos organizados por el Ayuntamiento, como el Carnaval o el Baile de Magos, sin que hasta ahora se hubiera cuestionado su profesionalidad.

Actuación ante infracciones

El comité añade que la normativa también obliga a los vigilantes a intervenir cuando detectan una infracción, identificando al presunto responsable y comunicando los hechos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a quienes corresponde posteriormente la instrucción de las diligencias y, en su caso, la tramitación de los procedimientos sancionadores.

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