BARRIO A BARRIO | Valleseco
El CSIF denuncia que el Ayuntamiento de Santa Cruz usa seguridad privada en funciones de Policía Local
El sindicato alerta de que la seguridad privada no puede sustituir a la Policía Local en funciones sancionadoras o de policía administrativa.
Un usuario de Los Charcos de Valleseco. / Andrés Gutiérrez
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La decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de reforzar la vigilancia en Los Charcos de Valleseco mediante personal de seguridad privada ha abierto un nuevo frente con la Policía Local. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció este lunes que el Consistorio está recurriendo a vigilantes privados para desarrollar funciones que, a su juicio, corresponden exclusivamente a los cuerpos policiales, por lo que exige que se respete el reparto competencial establecido en la legislación.
La denuncia del sindicato
El sindicato sostiene que la contratación de seguridad privada no puede traducirse en una sustitución de la Policía Local en el ejercicio de funciones de policía administrativa o de potestades sancionadoras. En su comunicado recuerda que la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, limita las funciones de estos profesionales a la vigilancia y protección de bienes, instalaciones y personas, al control de accesos y a la comunicación de incidencias, sin atribuirles la condición de agentes de la autoridad. Asimismo, invoca la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que reserva a la Policía Local el cumplimiento de las ordenanzas municipales y el ejercicio de las funciones de policía administrativa.
Las normas de uso de Los Charcos
CSIF fundamenta además su denuncia en el propio decreto municipal que regula el uso de Los Charcos de Valleseco. Ese documento atribuye expresamente a la Policía Local y a los Agentes del Medio Natural actuaciones como el precinto de equipos, la expulsión de quienes incumplan las normas de uso o el levantamiento de actas para la incoación de procedimientos sancionadores. El texto no asigna esas competencias al personal de seguridad privada.
Por ello, el sindicato advierte de que cualquier actuación que suponga formular denuncias administrativas, ejercer funciones coercitivas o sustituir a la Policía Local en el ejercicio de potestades públicas carecería de cobertura legal.
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