Las escuelas de verano de Santa Cruz arrancan sin tener formalizado su contrato

Las escuelas de verano de Santa Cruz de Tenerife han comenzado con 945 menores repartidos en once centros educativos de los cinco distritos del municipio, pero también con un nuevo enfrentamiento político entre el gobierno municipal y el Grupo Municipal Socialista por la tramitación administrativa del servicio y la adjudicación de las plazas destinadas a menores con discapacidad, que vuelve a tramitarse deprisa y corriendo en los tres años que lleva en manos de la Concejalía de Educación.

La concejala socialista Elena Mateo denunció en la comisión de control del Ayuntamiento capitalino que los campamentos estivales iniciaron el pasado 6 de julio sin que el contrato esté formalizado, después de que la adjudicación se produjera el pasado 23 de junio y, según defendió, sin que se haya cumplido el plazo legal necesario antes de la firma del documento, prevista para el 14 de julio de la próxima semana.

Mateo recordó que el propio expediente recoge la obligación de esperar quince días hábiles desde la notificación de la adjudicación para formalizar el contrato y advirtió de que la normativa establece que «no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización».

La edil socialista consideró especialmente delicado que se trate de un servicio dirigido a menores y preguntó quién asumiría la responsabilidad en caso de que se produjera alguna incidencia durante el desarrollo de las actividades. «Si pasa algo, ¿quién responde? Si no hay contrato suscrito», planteó Mateo durante su intervención, al tiempo que criticó que, a su juicio, se haya vuelto a tramitar el expediente con retraso.

El debate por las plazas de discapacidad

Otro de los puntos de fricción estuvo relacionado con las plazas reservadas para menores con discapacidad. Según expuso la concejala socialista, el pliego contempla cuatro plazas por cada uno de los once centros educativos donde se desarrollan las escuelas de verano, hasta alcanzar un total de 44.

Mateo preguntó si todas esas plazas se habían cubierto y si algún niño o niña con discapacidad se había quedado fuera pese a cumplir los requisitos establecidos. La edil advirtió de que, de confirmarse esta situación, se estaría generando «una doble barrera» para estos menores, especialmente en aquellos casos de discapacidades no visibles.

«Si esos padres no hubiesen declarado que ese niño o niña tenía discapacidad, hubiesen entrado», aseguró la representante socialista, quien sostuvo que algunos menores quedaron fuera precisamente porque el cupo específico resultó insuficiente.

La responsable municipal de Educación, Charín González, defendió la gestión realizada y explicó que este año se recibieron alrededor de 1.100 solicitudes, de las que 945 obtuvieron inicialmente plaza, lo que supone aproximadamente el 85% de las peticiones. La concejala recordó que los criterios de adjudicación priorizaban estar empadronado en Santa Cruz y favorecer a las familias cuyos progenitores trabajan, al tratarse de una medida destinada a facilitar la conciliación laboral y familiar.

González admitió que algunas familias no lograron plaza, aunque aseguró que se han ido resolviendo incidencias, como casos de menores que inicialmente no aparecían en las listas o familias a las que se ofreció un colegio alternativo al solicitado al no existir disponibilidad en el centro elegido.

El Ayuntamiento defiende un servicio gratuito

La concejala responsable del área defendió que Santa Cruz mantiene unas escuelas de verano gratuitas frente a otros municipios donde las familias tienen que asumir una cuota económica. Además, recordó que la iniciativa cuenta con colaboración público-privada a través de entidades como Fundación Emmasa y Fundación Cajasiete.

Charín González subrayó que no se trata únicamente de un recurso de conciliación, sino de un programa con contenido educativo y actividades vinculadas al medioambiente, los hábitos saludables, el deporte y el ocio. «No se trata simplemente de cuidar, sino también de potenciar valores», señaló durante la comisión.

Respecto a los menores con discapacidad, González aseguró que las 44 plazas previstas se completaron por aforo y recordó que existen otras alternativas municipales, como los campamentos específicos impulsados desde el área de Deportes.

La discusión derivó finalmente en un cruce de reproches políticos. Mientras Mateo insistió en que la cuestión principal era conocer si el contrato estaba formalizado y qué garantías tenían las familias ante cualquier posible incidencia, González acusó al PSOE de centrarse en buscar errores administrativos y defendió que la prioridad del gobierno local es ofrecer soluciones.

«Usted siempre está preocupada por los expedientes; yo estoy preocupada por las personas», afirmó la concejala del gobierno municipal, quien insistió en que el objetivo es mantener un servicio gratuito para facilitar la conciliación de las familias de Santa Cruz.

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