El Gobierno de España sancionará al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife si no retira el monumento a Franco en seis meses

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife será sancionado, con multas de hasta 1.000 euros al mes, si no retira en el plazo de seis meses el Monumento a la Victoria, conocido como monumento a Franco y situado en la confluencia entre la Rambla y la avenida de Anaga. Además, en el caso de que el Consistorio incumpla la orden, será el propio Gobierno de España el que lo haga. Así lo advirtió el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE), este jueves, 2 de julio, en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Canarias, situada en la capital chicharrera. Torres exigió al Consistorio que quite del espacio público cuanto antes la citada escultura, la cual ha sido incorporada recientemente por el Estado al catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

"El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), ha calificado la política del ministerio que dirijo de chunga y la verdad es que no entiendo a qué se refiere. En cualquier caso, lo que sí creo que es política chunga es que, una vez que los técnicos especialistas han dejado claro que la escultura no tiene valores para ser protegida, se quiera dejar en la vía pública un monumento que carece de interés cultural. Ya no tiene ninguna lógica que el Consistorio lo mantenga en la calle, cuando los expertos han dicho que es un símbolo claramente franquista", indicó Torres. El ministro insistió en que en el caso de que la Corporación local no cumpla la orden dada por el Gobierno de España, entonces éste podría intervenir de manera subsidiaria y retirar el monumento, reclamando el coste al Ayuntamiento, "que es la administración que debe asumirlo".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reúne con la presidenta de la Asociación de Memoria Democrática de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz

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El pasado 30 de junio, el Ejecutivo central anunció la inclusión del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, dando así el paso definitivo para obligar al Consistorio chicharrero a retirar de la escultura. En la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que recoge este acuerdo, se señala que no existen razones artísticas o arquitectónicas suficientes que justifiquen el mantenimiento del monumento y se ordena su retirada del espacio público en un plazo de seis meses. Asimismo, la resolución determina que el depósito y custodia de la escultura debe realizarse en una dependencia pública, "determinada por la administración titular o competente sobre el bien", que en este caso es el Ayuntamiento, "sin que ello implique en ningún caso su exposición pública"

Cuantías de las multas a las que se enfrenta el Ayuntamiento de Santa Cruz

En el supuesto de que el Consistorio no retire "de manera voluntaria" el monumento en el citado plazo, y tal y como lo señaló este jueves el ministro canario Ángel Víctor Torres, el incumplimiento de esta obligación dará lugar a la incoación del procedimiento previsto en el artículo 37 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, "que viene a decir que, por un lado, se impondrán multas y, por otro lado, que el Gobierno de España podría retirar subsidiariamente el monumento". En concreto, el citado artículo establece que se podrán imponer multas coercitivas, hasta diez sucesivas por periodos de un mes, cuya cuantía oscilará entre los 200 y los 1.000 euros, "según la entidad del elemento a retirar". "Alternativamente o una vez impuestas las multas del apartado anterior, la administración competente podrá realizar la retirada subsidiariamente".

El expresidente del Gobierno canario califica de «chunga» la política del alcalde de la capital tinerfeña

Con respecto al plazo otorgado a Santa Cruz para quitar del espacio público la obra de Juan de Ávalos, Torres apuntó que la Corporación local tiene margen suficiente para hacerlo. "Para otros vestigios hemos establecido tres meses, mientras que la capital tinerfeña cuenta con el doble de plazo. Lo hemos hecho así teniendo en cuenta las complicaciones que pudieran derivarse de la retirada de un monumento de este tamaño de la vía urbana", añadió el ministro, para el que la falta de tiempo no puede ser una excusa.

El ministro resaltó que esta escultura ha sido certificada como vestigio franquista en el catálogo nacional después de que la Comisión Técnica de Expertos acreditara que ésta constituye una "expresión inequívoca" de exaltación de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura. Dicha comisión está formada por 15 expertos, "personas independientes que no pertenecen a ningún partido". Torres agregó que para tomar esta decisión también se tuvo en cuenta el hecho de que el Gobierno de Canarias, a través de la Comisión Técnica de Patrimonio Histórico, rechazara la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del conjunto escultórico. Este expediente fue incoado por el Cabildo para cumplir la sentencia que dio la razón a la Asociación San Miguel Arcángel, que logró ante la Justicia la protección cautelar del Monumento a la Victoria y que ahora estudia volver a acudir a los tribunales.

¿Cuándo comenzará a contar el plazo de seis meses?

Precisamente, el plazo de seis meses que el Estado ha dado al Consistorio chicharrero para retirar la escultura de Ávalos comenzará a contar una vez que el Gobierno de Canarias concluya el expediente de declaración BIC. Para ello, la resolución con la que la Comisión Técnica de Patrimonio Histórico de Canarias rechazó la protección de la escultura se tendrá que aprobar en el Consejo de Gobierno, "un trámite formal", según apuntan fuentes del Ejecutivo canario. De todas formas, aclaró Torres, en el caso de que no se lleve al Consejo de Gobierno, se establece como fecha límite el mes de octubre para que "la no declaración de BIC se haga efectiva".

Torres destaca que ya los expertos han dejado claro que el monumento de la Rambla es un vestigio franquista

El máximo responsable de Memoria Democrática en el Gobierno de España está convencido de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife procederá a la retirada del monumento a Franco, porque así lo obliga la ley y porque "los técnicos expertos han dejado claro que la escultura carece de valores artísticos y arquitectónicos". "No tiene ningún sentido que mantenga en la vía pública un monumento de exaltación al franquismo". "Cualquier demócrata lo que está deseando es que ese monumento acabe en una dependencia y que no se exhiba más, porque es un vestigio de una etapa oscura de nuestra reciente historia, que simboliza el fascismo y la dictadura en nuestro país", apunta Ángel Víctor Torres.

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