El Cabildo de Tenerife recuerda que Santa Cruz tiene la última palabra sobre la retirada del Monumento a Franco

El Cabildo de Tenerife ha trasladado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la responsabilidad sobre el futuro del Monumento a Franco, ubicado en la confluencia entre la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Anaga. La institución insular considera que su papel en el procedimiento patrimonial ya ha concluido y que corresponde ahora al Consistorio capitalino decidir cómo actúa ante la orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para retirar la escultura del espacio público.

El vicepresidente segundo del Cabildo, José Miguel Ruano, defendió este miércoles, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno insular, que la retirada del monumento es una "responsabilidad exclusiva" del Ayuntamiento de Santa Cruz. Ruano respondió así a las preguntas de los periodistas sobre la resolución estatal que insta a eliminar la obra, incluida en el debate sobre los vestigios franquistas.

"Nosotros, como Cabildo, ya hemos terminado el impulso al expediente BIC solicitado por el Juzgado de lo Contencioso número 3", señaló el vicepresidente segundo. El procedimiento al que aludió Ruano culminó con el rechazo a la declaración como Bien de Interés Cultural por parte del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias.

El expediente BIC ya fue rechazado por Patrimonio Cultural

El Pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias acordó el 11 de junio rechazar la declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, de la escultura realizada por Juan de Ávalos en Santa Cruz de Tenerife. Según informó el Gobierno de Canarias, el órgano patrimonial consideró por mayoría, con una abstención, que la obra no reunía los valores suficientes para recibir esa protección.

Ese expediente había sido incoado por el Cabildo de Tenerife en octubre de 2024 para valorar una posible protección patrimonial de la pieza, en cumplimiento de una resolución judicial. La tramitación situó durante meses el debate en el terreno patrimonial, al analizarse si la escultura podía quedar protegida como BIC pese a su vinculación con la memoria franquista.

Tras el rechazo de Patrimonio Cultural, Ruano sostuvo que la corporación insular ya no tiene margen de actuación en ese procedimiento. A partir de ahora, según defendió, será el Ayuntamiento de Santa Cruz el que deba resolver si atribuye a la obra algún valor patrimonial o si espera a que el Gobierno de Canarias apruebe su propio catálogo de vestigios franquistas.

Ruano limita el papel del Ministerio a instar la retirada

El vicepresidente segundo del Cabildo también se refirió al alcance de la actuación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. A su juicio, el departamento estatal puede instar la retirada del monumento, pero la ejecución material corresponde a la administración titular del espacio o de la pieza.

"No creo que el Ministerio, en el marco de la ley, pueda hacer más allá que instar a ejecutar su retirada", afirmó Ruano. La Ley de Memoria Democrática establece que, cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados o colocados en edificios o espacios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares son responsables de su retirada o eliminación.

El debate se produce después de que el Ministerio incluyera el Monumento a Franco en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y ordenara su retirada. El procedimiento estatal se apoya en la normativa que regula la confección de ese catálogo, creado para identificar elementos que deban ser retirados o eliminados por su vinculación con la exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura.