El Gobierno de España obliga a Santa Cruz de Tenerife a retirar el monumento a Franco en un plazo de seis meses

El Gobierno de España obliga a Santa Cruz de Tenerife a retirar el Monumento a la Victoria situado en la avenida de Anaga, conocido popularmente como monumento a Franco, en un plazo de seis meses. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha acordado la incorporación al catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática de cuatro nuevos vestigios situados en distintos puntos del país, entre los que se encuentran la escultura de Juan de Ávalos de la capital chicharrera. De esta forma, el Ejecutivo central da un golpe sobre la mesa ante la posición manifestada por el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz (CC y PP) y por el grupo municipal Vox, que rechazaron en el pleno de junio una moción del PSOE para retirar de manera inmediata el monumento, a pesar de que ya el Gobierno de Canarias ha descartado su protección como Bien de Interés Cultural (BIC).

Además del monumento a Franco de Santa Cruz, también ha sido certificado por el Gobierno de España como vestigio franquista el Monumento a los Rumanos Caídos de Majadahonda así como las inscripciones de exaltación a José Antonio Primo de Rivera en las catedrales de Murcia y Almería, por tratarse de "expresiones de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra de España, la dictadura franquista y de sus conexiones con otros regímenes totalitarios". Así lo ha anunciado este martes, 30 de junio, el ministro de Memoria Democrática, el socialista canario Ángel Víctor Torres, quien ha manifestado en rueda de prensa que retirar estos vestigios es un acto de dignidad democrática y una garantía de que "las nuevas generaciones no hereden espacios públicos presididos por la exaltación del odio y la dictadura".

De esta forma, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ha dado un paso definitivo para la eliminación de la simbología franquista en el espacio público, pues las diferentes administraciones locales deberán cumplir la ley. Esta resolución llega después de que la Comisión Técnica de Expertos acreditara que estos símbolos constituyen una "expresión inequívoca" de exaltación de la sublevación militar de 1936 y la dictadura.

Torres señaló que con estas actuaciones, el Gobierno central continúa desarrollando las previsiones de la Ley de Memoria Democrática para garantizar que el espacio público sea coherente con los valores constitucionales y los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. "La retirada o resignificación de símbolos de exaltación franquista responde a un imperativo legal para su adecuada contextualización desde los principios democráticos y el respeto a las víctimas de la guerra de España, de la dictadura y de su conexión con los regímenes totalitarios del siglo XX", apuntó.

Con respecto al monumento a Franco de Santa Cruz, la Comisión Técnica estima que el conjunto escultórico y su programa iconográfico presentan la Guerra de España como una “Cruzada” salvadora, y exaltan la figura de Francisco Franco y el triunfo del régimen surgido del golpe de Estado de 1936. "Se trata, además, de uno de los conjuntos monumentales franquistas de mayor dimensión conservados en España y de uno de los principales hitos de la arquitectura conmemorativa del régimen", ha indicado la Comisión Técnica. El denominado Monumento a la Victoria fue inaugurado en 1964 con la finalidad expresa de conmemorar la victoria militar del bando sublevado y "perpetuar en el espacio público la memoria de la dictadura franquista". La resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática da un plazo de seis meses para que el Ayuntamiento retire el citado conjunto escultórico.

Esta resolución del Gobierno de España se produce después de que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias rechazara la declaración del monumento a Franco como Bien de Interés Cultural por amplísima mayoría y sin votos en contra, al considerar que no concurren valores patrimoniales suficientes que justifiquen la conservación de un monumento "cuya finalidad esencial es la exaltación de la dictadura".

La Asociación de Memoria Histórica de Tenerife exigió, tras conocerse que el Ejecutivo canario había descartado su protección, que no se dilatara más la retirada de esta escultura. Sin embargo, el Ayuntamiento de Santa Cruz, propietario del monumento, apuntó que ésta aún no era posible. El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, explicó que el conjunto escultórico no estaba certificado como vestigio franquista a nivel nacional y que tampoco se había aprobado el catálogo regional de símbolos de exaltación a la dictadura. Eso sí, aseguró que el Consistorio cumpliría la ley en el caso de que finalmente la obra de Ávalos fuese declarada vestigio franquista, lo que ha ocurrido este martes.

Excusas

Para la portavoz del PSOE en Santa Cruz, Patricia Hernández, ya no existen excusas para proceder a la retirada del monumento a Franco. Apunta que ya el Consistorio chicharrero está obligado por ley a eliminar este vestigio franquista. Precisamente, el pasado viernes, el pleno del Ayuntamiento rechazó, con los votos de CC, PP y Vox, una moción del PSOE solicitando la retirada inmediata de la obra de Ávalos. Además, Vox aseguró que la escultura no incumple la Ley de Memoria Democrática.

Uno de los concejales de Vox, Luis Sosa Tolosa del Valle, es el presidente de la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, la entidad que logró en la Justicia la protección cautelar de este monumento, aunque finalmente el Gobierno canario ha rechazado la declaración de BIC. El expediente fue incoado por el Cabildo para cumplir la sentencia judicial que dio la razón a San Miguel Arcángel. Según lo ha defendido Tolosa del Valle en varias ocasiones, el procedimiento de declaración de BIC no ha finalizado y la citada asociación tiene previsto volver a acudir a los tribunales, lo que retrasaría el inicio del cómputo del plazo de los seis meses que le ha dado el Estado al Ayuntamiento para que retire la escultura.

Otras actuaciones en el resto del territorio nacional

La resolución del Ministerio de Política Territorial no solo afecta al Monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, pues la Comisión de Expertos ha incluido de forma simultánea otros tres elementos de la geografía peninsular en el mismo catálogo de retirada obligatoria. Uno de ellos es el monumento a los Rumanos Caídos (Majadahonda, Madrid), que fue Inaugurado en 1970 para homenajear a Ion Moța y Vasile Marín, líderes de la Guardia de Hierro rumana (organización de corte fascista, ultranacionalista y antisemita aliada del régimen nazi), que murieron combatiendo junto a las tropas de Franco en 1937. El Gobierno señala que el lugar ha sido durante décadas punto de peregrinación de la extrema derecha.

También se exige la retirada de las inscripciones en la Catedral de Murcia en honor al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, en una de sus fachadas principales, incluyendo la expresión «¡Presente!», "símbolo inequívoco del nacionalcatolicismo". Asimismo, se incluye la eliminación de los grabados honoríficos a Primo de Rivera en la Catedral de Almería. El Ministerio recuerda explícitamente que la protección de un edificio como Bien de Interés Cultural (BIC) no ampara en ningún caso la conservación de elementos de exaltación fascista.

Por otra parte, el ministro Ángel Víctor Torres adelantó que ya se tramitan los expedientes para actuar sobre la Cruz de los Caídos de Cáceres y el Monumento al Crucero Baleares en Palma, al tiempo que celebró la reciente retirada de la simbología fascista del panteón del criminal de guerra Vjekoslav Luburić en Carcaixent (Valencia), "una acción que ha motivado una carta oficial de agradecimiento por parte del Gobierno de Serbia".

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