Sentencia favorable para los vecinos de María Jiménez: el Ayuntamiento debe realojar a cinco familias afectadas por un derrumbe

La víspera de fin de año de 2008 sigue grabada en la memoria de Eva Castellano. Bajó a tirar la basura y, cuando se dio la vuelta, vio cómo una enorme piedra se desprendía de la ladera y rodaba sin control hasta estrellarse contra la vivienda donde dormía su tío. Minutos antes lo habían sacado de la cama. Aquel gesto evitó una tragedia. La casa quedó inhabitable y cinco familias de los Felipe iniciaron un camino que, casi dieciocho años después, todavía no ha terminado.

El próximo 30 de diciembre se cumplirán dieciocho años de aquel desprendimiento que dañó una de las primeras viviendas construidas en María Jiménez, situada en el número 4 de la avenida Andrés Vidal, conocida por los vecinos como Africuya. Apenas unos días después de que el barrio celebrara sus fiestas patronales de San Juan, la Justicia ha vuelto a pronunciarse sobre un conflicto que parecía enquistado.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó el pasado 20 de junio una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a garantizar el realojo de tres de los afectados y a mantener las ayudas al alquiler mientras no exista una solución definitiva para rehabilitar el inmueble.

Para la familia Felipe, la resolución supone recuperar un derecho que perdió hace más de dos años y medio. Desde entonces, los afectados han tenido que afrontar el coste de los alquileres con sus propios recursos, después de que expirara la ayuda municipal concedida de forma extraordinaria.

Del auxilio al conflicto judicial

Tras el desprendimiento, el entonces alcalde Miguel Zerolo reaccionó con rapidez. El 8 de enero de 2009, apenas una semana después del derrumbe, ordenó por la vía de urgencia las actuaciones necesarias para asegurar la ladera. Días más tarde, el Ayuntamiento aprobó una ayuda económica excepcional destinada a sufragar el alquiler de las familias desalojadas mientras se rehabilitaban las viviendas afectadas.

Eva Castellano no olvida aquella respuesta. «Él habrá hecho lo que sea y lo condenaron a cárcel, pero con nosotros fue el único que nos ayudó», afirma. A su juicio, aquella decisión permitió que las cinco familias afrontaran los primeros meses sin quedarse desamparadas.

Sin embargo, la situación comenzó a complicarse cuando la Intervención General cuestionó la continuidad de esas ayudas al entender que carecían de cobertura legal. A partir de ese momento se sucedieron informes, reparos, recursos y resoluciones administrativas que terminaron trasladando el conflicto a los tribunales.

En 2014, ya con José Manuel Bermúdez al frente del Ayuntamiento, la gestión de los realojos pasó a Viviendas Municipales. Poco después, la controversia quedó definitivamente judicializada. Aunque en 2021 el Consistorio concedió una subvención directa para mantener temporalmente los alquileres, la ayuda quedó condicionada a la presentación, en el plazo de un año, de un proyecto para rehabilitar el edificio, un requisito que terminó abriendo un nuevo desencuentro entre ambas partes.

Ventaja para los vecinos

El conflicto se fue enquistando con el paso de los años. Venció el plazo concedido para presentar el proyecto de rehabilitación y las familias quedaron, según Eva Castellano, «entre la espada y la pared». Dos de ellas tuvieron que alquilar viviendas por su cuenta. En su caso, encontró un piso en La Quebrada, donde comparte el espacio con su tía. «Ella duerme en el dormitorio y yo en el salón», relata.

Eva Castellano, afectada, sostiene que el alcalde Miguel Zerolo fue el único que siempre las ayudó

Mientras tanto, la vía judicial siguió su curso. Ya en 2017, el TSJC reconoció el deber del Ayuntamiento de impulsar la reparación necesaria para devolver la habitabilidad al inmueble. Sin embargo, la solución definitiva nunca llegó. En 2020, el Consistorio planteó que fueran los propietarios quienes asumieran el coste de la rehabilitación y, un año después, concedió una ayuda extraordinaria para el alquiler limitada a doce meses.

La nueva sentencia, dictada el pasado 20 de junio, vuelve a situar el foco sobre la responsabilidad municipal. El tribunal recuerda que el decreto firmado en 2009 vinculó expresamente las ayudas al alquiler con la situación de desalojo y con la rehabilitación de las viviendas dañadas, una circunstancia que, a juicio de la Sala, sigue vigente mientras no exista una solución definitiva. Para la familia Felipe, el fallo representa mucho más que una victoria jurídica. Significa recuperar una protección que desapareció hace más de dos años y medio y volver a confiar en que algún día podrán regresar a la casa donde comenzó esta historia.

La vía del diálogo

El concejal de Patrimonio, Javier Rivero, rechaza interpretar la resolución como un revés para el Ayuntamiento. Al contrario, sostiene que la sentencia ofrece el respaldo jurídico necesario para mantener las ayudas al alquiler, algo que, según explica, la resolución de 2017 no permitía con la misma claridad.

Rivero asegura que el alcalde, José Manuel Bermúdez, ya ha dado instrucciones para impulsar las actuaciones administrativas que garanticen el realojo de los afectados mientras no exista una solución definitiva o jurídicamente equivalente a la pérdida de sus viviendas.

«Nunca dimos la espalda a las familias. La sentencia permite recuperar las ayudas al alquiler», dice Rivero

El edil insiste en que el Ayuntamiento «nunca ha dado la espalda» a las familias y recuerda que la subvención se mantuvo mientras fue posible desde el punto de vista legal. Añade, además, que durante 2024 y en dos ocasiones durante 2025 intentó reabrir el diálogo con algunos miembros de la familia, aunque esas reuniones finalmente no llegaron a celebrarse.

Ahora confía en que la sentencia permita dejar atrás casi dos décadas de enfrentamientos administrativos y judiciales. La familia Felipe también espera que esta vez sea diferente. Han pasado casi dieciocho años desde que una piedra cambió sus vidas. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las sentencias y los responsables municipales. Lo único que permanece igual es el deseo de volver a abrir la puerta de una casa que nunca dejaron de sentir como suya, aunque se hayan sentido maltratados por la Administración.

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