Santa Cruz de Tenerife pone seis multas por ruidos en medio año

En lo que va de año, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha levantado un total de seis actas por infracción a la Ordenanza Municipal contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. El grupo municipal de Vox se plantea si existe algún impedimento para que los técnicos municipales y la Policía Local chicharrera puedan velar por el cumplimiento de dicha normativa. Éste ha pedido explicaciones al grupo de Gobierno, formado por CC y PP, a través de una pregunta formulada en el pleno. La edil de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, ha negado que exista algún tipo de "impedimento" al respecto.

"Tanto la Policía Local como los técnicos municipales velan por el cumplimiento de la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones. En el caso concreto de la Policía Local, muchas de las demandas relacionadas con ruidos provienen de grupos de personas en la vía pública en horario nocturno o de fiestas en domicilio, cesando dichas molestias con la intervención de los agentes", explica la concejala.

No obstante, agrega la concejala nacionalista Gladis De León, resulta "evidente" que la existencia de molestias o quejas puntuales por ruidos no puede evitarse por completo, ni debe interpretarse, por sí sola, como una falta de actuación o de vigilancia en el cumplimiento de la Ordenanza Municipal contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.

«Molestias por gritos y ruidos»; «Fiesta con música alta y ruido en el interior de una vivienda»; «Música alta perturbando el descanso y la tranquilidad de los vecinos». Son algunas de las infracciones que recoge esta normativa y para las que se establece una sanción de 90,15 euros.

En noviembre del año pasado, el Ayuntamiento aprobó de manera inicial un Plan de Acción contra el Ruido, que incluye un centenar de medidas para reducir la contaminación acústica en Santa Cruz en un plazo de cinco años. Entre éstas se encuentran la reducción del horario de las terrazas en la vía pública y la suspensión de nuevas licencias para el ocio nocturno en zonas acústicamente saturadas; el control policial de las emisiones sonoras de los vehículos, fundamentalmente de las motos; la reducción de la velocidad para el tráfico, y la elaboración de una nueva Ordenanza del Ruido.

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