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Los sindicatos alertan de que la Zona de Bajas Emisiones quitará policías de la calle en Santa Cruz de Tenerife

Los sindicatos UGT, CSIF y CC OO presentan alegaciones a la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife por su "impacto" en la Policía Local y solicitan la suspensión de su tramitación

Tráfico en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Tráfico en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. / Arturo Jiménez

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Eloísa Reverón

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

Los sindicatos UGT, CSIF y CC OO alertan del impacto que tendrá en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con la que se establecerán restricciones al tráfico en el centro de la ciudad. Estas organizaciones sindicales han presentado alegaciones a la Ordenanza Municipal de la ZBE en la capital chicharrera, que ya ha sido aprobada de manera inicial por parte del Ayuntamiento. Consideran que esta normativa afectará de manera directa a la organización, funciones y condiciones de trabajo de los agentes, quitando, además, efectivos de la calle destinados a la seguridad ciudadana para que se dediquen a vigilar la ZBE. Por ello, exigen la suspensión de la tramitación de la nueva normativa.

Asimismo, los sindicatos denuncian la ausencia de negociación colectiva y reclaman garantías organizativas, jurídicas y de prevención de riesgos laborales. Entienden que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad supondrá la asunción de nuevas responsabilidades por parte de la Policía Local, incluyendo labores de control de accesos, supervisión de incidencias, participación en dispositivos específicos de tráfico, atención ciudadana derivada del sistema sancionador y actuaciones vinculadas a los sistemas automatizados de control previstos en la ordenanza.

Memoria específica

UGT, CSIF y CC OO denuncian que el expediente no incorpora una memoria específica que analice el "impacto real" que estas nuevas obligaciones tendrán sobre la plantilla policial y que cuantifique las necesidades de personal, medios materiales, formación especializada o recursos presupuestarios necesarios para garantizar una correcta implantación del sistema.

Desvío de agentes y posible afectación a la seguridad ciudadana

Advierten, además, de que la ausencia de una planificación adecuada podría provocar una "desviación" de efectivos policiales desde funciones esenciales de seguridad ciudadana hacia tareas relacionadas con la gestión de la Zona de Bajas Emisiones, "con la consiguiente repercusión sobre la prestación ordinaria del servicio público".

"La implantación de la ZBE puede suponer una detracción significativa de efectivos policiales destinados actualmente a funciones de seguridad ciudadana, prevención y atención ordinaria de incidencias. No se acredita la existencia de un refuerzo específico de plantilla que permita asumir las nuevas funciones sin afectar al servicio ordinario", indican los sindicatos en las alegaciones.

Riesgos psicosociales

Entre las alegaciones presentadas también se pone de manifiesto la falta de evaluación específica de riesgos laborales asociados a la nueva regulación, especialmente en aspectos relacionados con el incremento de la presión operativa, la conflictividad ciudadana y los riesgos psicosociales que pueden derivarse de la aplicación práctica de la ordenanza.

Los citados sindicatos consideran necesario que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Seguridad, establezca protocolos operativos claros, garantice una adecuada cobertura jurídica para los agentes que deban intervenir en la gestión de la ZBE y defina con precisión las competencias y responsabilidades de cada servicio municipal implicado.

Por todo ello, estas organizaciones sindicales solicitan la suspensión de la tramitación y aprobación definitiva de la ordenanza hasta que se lleve a cabo el preceptivo proceso de negociación colectiva y "se incorporen al expediente las garantías organizativas, preventivas y jurídicas necesarias para proteger tanto la calidad del servicio público como los derechos de los trabajadores afectados".

El Consistorio chicharrero aprobó en el pleno de abril, de manera inicial, la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, en la que se establece que las restricciones al tráfico en el centro de la ciudad se aplicarán a aquellos vehículos de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2001, es decir, que tengan más de 25 años, y a los de diesel matriculados antes del 1 de enero de 2026, es decir, que tengan más de 20 años.

La Zona de Bajas Emisiones de la capital chicharrera se ubicará en el perímetro interior comprendido entre el barranco de Santos, las calles Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga, quedando exenta estas vías y toda la zona externa a las mismas. Para las restricciones de acceso, se establecerá un horario, de lunes a sábado, de 7:00 a 20:00 horas. Las restricciones no afectarán a los ciclomotores, bicicletas, otros ciclos, patinetes y vehículos con distintivo ambiental 0 emisiones, ECO, C y B.

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