Vecinos de Somosierra piden por humanidad y justicia social ayuda para sus vivendas apuntaladas desde hace tres años

El mismo día en que la oficina de Correos de Somosierra y García Escámez cerraba sus puertas después de 80 años de servicio para centralizar su actividad en la sede de la Cruz del Señor, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó una declaración institucional para exigir a la dirección de la compañía pública que reconsidere la decisión y mantenga abierta la oficina, tal y como promovió Coalición Canaria.

Este viernes 29 de mayo, víspera del Día de Canarias, fue también el día de Somosierra y García Escámez en el salón de plenos capitalino. Junto al debate sobre Correos, salió adelante la propuesta impulsada por el PSOE para promover un plan integral para ambos núcleos del distrito Ofra-Costa Sur, con el añadido de acelerar una respuesta para el bloque 28 de Somosierra, donde cinco familias llevan más de tres años viviendo entre puntales.

La voz de los vecinos

Más allá de la burocracia, los informes y los planes urbanísticos, Diego Rodríguez, uno de los portavoces vecinales de Somosierra que intervino en el pleno, apeló directamente a la «justicia social» y a la «humanidad» para reclamar una solución. «El jueves nos reunimos y el alcalde nos propuso una solución urgente después de tres años: que Urbanismo actúe de forma inmediata y subsidiaria», recordó. «No acierto a buscar el adjetivo ni la forma para decirle a mis vecinos que, después de tres años entre puntales, van a arreglar sus casas de forma urgente. Después de tres años».

Rodríguez, representante de las familias afectadas del bloque 28 —donde todavía residen cinco de las diez familias originales—, intervino tras Manuel Jorge Pérez, portavoz de la nueva plataforma vecinal creada en el barrio. Ambos participaron en el debate de la moción socialista que planteaba una actuación integral en Somosierra y García Escámez.

Mientras Manuel Jorge Pérez defendió la necesidad de declarar el barrio como ámbito prioritario de regeneración urbana, Diego Rodríguez centró el foco en la situación de las familias afectadas por el deterioro estructural del edificio. «No hablo con datos, hablo desde el corazón», dijo antes de pedir, casi como una súplica, una solución inmediata para quienes siguen viviendo bajo apuntalamientos.

Su intervención acabó entre aplausos de los vecinos presentes y con el salón de plenos en silencio. El alegato removió incluso a parte de la corporación, aunque poco después la emoción dio paso al habitual choque político.

El debate político

La portavoz socialista y exalcaldesa, Patricia Hernández, reclamó un plan integral de intervención para ambos barrios y pidió que el coste de la rehabilitación del bloque 28 se asumiera mediante convenios con otras administraciones y no por parte de los propietarios. «El informe geotécnico no apunta a una falta del deber de conservación de los vecinos», defendió.

Tanto la concejala de Viviendas Municipales, Belén Mesa, como la responsable de Urbanismo, Zaida González, y el propio alcalde insistieron en que el Ayuntamiento ya está actuando de forma subsidiaria. José Manuel Bermúdez recordó que ya se ha encargado un estudio geotécnico y que incluso llegó a licitarse un proyecto técnico para consolidar el inmueble, aunque en aquel momento el concurso quedó desierto.

El alcalde rechazó que el Ayuntamiento haya permanecido de brazos cruzados. «En abril la plataforma nos pidió una reunión; el 12 de mayo tuvo lugar en el antiguo cine; se trabaja en incluir a Somosierra en el nuevo plan de vivienda y este jueves volvimos a reunirnos con los vecinos del bloque 28», enumeró.

Bermúdez reconoció no entender que, tras la reunión mantenida el jueves con los afectados, la sensación fuera de satisfacción y, apenas un día después, el ambiente en el pleno reflejara un respaldo mayoritario a la moción socialista. «No vamos a apoyar esa moción porque ya estamos trabajando en esa línea y desde el minuto uno hemos atendido las demandas», aseguró.

Eso sí, dejó claro que la actuación municipal tendrá carácter subsidiario y que los costes acabarán repercutiéndose a la comunidad de propietarios. «Puedo tener toda la empatía del mundo con los vecinos, pero como alcalde no me puedo saltar la ley», afirmó.

La concejala de Urbanismo, Zaida González, incidió además en la necesidad de hablar con claridad. «Los vecinos van a tener que pagar, aunque sea una intervención subsidiaria», advirtió, recordando que las primeras grietas en el edificio se detectaron ya en 2013.

Tres años entre puntales

Mientras el debate político seguía su curso entre acusaciones de demagogia y reproches cruzados, Diego y Manuel abandonaron el salón de plenos pensando cómo explicar a sus vecinos que el Ayuntamiento votó en contra de la moción porque, según defendió el grupo de gobierno, ya está actuando.

Una vida entre puntales en Somosierra

Todo ello mientras los puntales continúan sosteniendo el edificio, exactamente igual que hace tres años.

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