Denuncian "posibles irregularidades" en el expediente para declarar BIC el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife

La Asociación San Miguel Arcángel, que logró hace dos años la protección cautelar del conocido popularmente como monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, denuncia "posibles irregularidades" en el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) que tramita el Gobierno de Canarias para la citada escultura. Esta entidad señala que la tramitación administrativa podría estar viciada de nulidad de pleno derecho, porque, y según explica, no ha sido informada, como parte interesada en el procedimiento, sobre la composición de la comisión técnica que ha rechazado dicha declaración, y, por lo tanto, la protección del monumento. La asociación asegura que no permitirá la destrucción de esta "obra artística" y que no descarta volver a acudir a los tribunales.

A finales de abril, la ponencia técnica de patrimonio arquitectónico del Ejecutivo canario emitió un dictamen desfavorable a la declaración como BIC de la obra de Juan de Ávalos situada en la avenida de Anaga del municipio chicharrero, en el marco del expediente incoado por el Cabildo de Tenerife para protegerla. Precisamente, la Corporación insular incoó el expediente BIC, que tramita el Gobierno de Canarias, en octubre de 2024 para cumplir la sentencia judicial que dio la razón a la Asociación San Miguel Arcángel, que exige la protección de la escultura. Y es que en el catálogo de símbolos franquistas de Santa Cruz de Tenerife, elaborado por el Ejecutivo canario en su momento, se establecía que este monumento, entre otros vestigios, debía ser retirado de manera inmediata.

El dictamen de la ponencia técnica sobre el monumento a Franco de Santa Cruz se llevará al Consejo de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias sin un solo voto a favor de dicha declaración. Hubo una abstención y el resto de miembros de este órgano consultivo votó en contra. La última palabra la tendrá el Consejo de Patrimonio, aunque no se ha dado ningún caso en el que éste se haya opuesto al informe de los técnicos.

Pero la Asociación San Miguel Arcángel insiste en que, sea cual sea la resolución final del expediente de declaración de BIC del monumento de Juan Ávalos en Santa Cruz de Tenerife, estará viciada de nulidad. "A día de hoy, esta asociación como parte interesada, y tras haberlo incluso solicitado por la Ley de Transparencia, no ha sido informada de los miembros que componen la comisión técnica que tenía que resolver el expediente, lo cual convierte al procedimiento en nulo de pleno derecho". Para esta entidad, se han vulnerado los derechos fundamentales recogidos en el artículo 9.3 de la Constitución Española de arbitrariedad de los poderes públicos.

La asociación considera que esta falta de información impide verificar la imparcialidad, objetividad e idoneidad de los integrantes del órgano técnico encargado de elaborar el dictamen, "vulnerando principios esenciales que deben regir cualquier procedimiento administrativo". "Pero, además, se ha filtrado a la opinión pública que la decisión tomada por esta comisión técnica es un veredicto vinculante y que el órgano político designado para establecer si se aprueba o no la declaración de BIC no puede contradecir el dictamen técnico, pretendiendo convertir interesadamente incluso este opaco procedimiento en un plebiscito, ya no sobre la categoría artística de la obra, sino sobre su propia permanencia", apunta esta entidad.

Esta aclara que su permanencia no se está discutiendo en este procedimiento, "puesto que lo que se pretende establecer es si la obra de Juan de Ávalos tiene categoría para ser Bien de Interés Cultural, no si se debe retirar o no, porque aunque no se considerase que lo fuera, eso no implicaría necesariamente su retirada del espacio público". La Asociación San Miguel Arcángel insiste en la necesidad de garantizar la máxima transparencia institucional y el estricto cumplimiento de la legalidad "en un asunto de especial relevancia para la protección del patrimonio histórico y cultural". La asociación no descarta emprender nuevas acciones legales y administrativas "en defensa de los derechos que le asisten y de la correcta protección del patrimonio histórico".

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