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La Justicia avala la tramitación de la Zona de Bajas Emisiones en Santa Cruz de Tenerife

Dos sentencias del Tribunal de Instancia desestiman los recursos presentados por el grupo municipal de Vox en Santa Cruz de Tenerife y por la Asociación de Vecinos El Perenquén contra la aprobación del proyecto de la Zona de Bajas Emisiones para restringir el tráfico en el centro y contra la adjudicación del contrato para su puesta en marcha

Tráfico en Santa Cruz.

Tráfico en Santa Cruz. / Andrés Gutiérrez

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Eloísa Reverón

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

La Justicia avala la tramitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, con la que se pretende restringir el tráfico en el centro de la ciudad. El Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo) ha desestimado dos recursos presentados por el grupo municipal Vox y por la Asociación de Vecinos El Perenquén contra la aprobación, por parte del Ayuntamiento chicharrero, del proyecto de la ZBE y contra la adjudicación del contrato para ponerla en marcha. De esta forma, el Consistorio de Santa Cruz de Tenerife ha recibido el respaldo judicial a dos actuaciones clave vinculadas a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, cuya ordenanza, además, ya ha sido aprobada de manera inicial.

En concreto, la primera sentencia desestima el recurso presentado por el grupo municipal Vox contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento chicharrero de 10 de junio de 2024, por el que se aprobó definitivamente el Proyecto de Zona de Bajas Emisiones de la capital tinerfeña. Vox denunció que el citado documento excedía el contenido de un proyecto de obras "al contemplar determinaciones restrictivas". Argumentó que la delimitación y regulación de la ZBE debía abordarse previamente mediante una ordenanza municipal. La formación de ultraderecha solicitó la nulidad del acto impugnado.

La magistrada rechaza estos argumentos y concluye que el Ayuntamiento siguió el orden previsto para la aprobación de dicho proyecto: visto bueno al plan de movilidad, elaboración y aprobación del proyecto, y desarrollo de la ordenanza. Asimismo, la sentencia establece que el proyecto aprobado en 2024 incluye el contenido mínimo exigido por el Real Decreto 1052/2022, incluida la delimitación del perímetro de la ZBE, y constituye un documento inicial y necesario para elaborar la ordenanza que regula las restricciones al tráfico. Ésta última ya ha sido aprobada de manera inicial.

Por lo tanto, el fallo judicial desestima íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Vox y lo condena en costas, con un límite máximo de 1.500 euros. Contra la resolución cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La segunda sentencia rechaza la denuncia que presentó la Asociación de Vecinos El Perenquén contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 28 de abril de 2025 con el que se adjudicó, por un importe de más de un millón de euros, el contrato de suministro y puesta en funcionamiento del servicio de la ZBE. Esta entidad ciudadana logró tumbar la Ordenanza Municipal de Tráfico de Santa Cruz y desmantelar el carril bici en el centro de la ciudad, con diferentes acciones ante los tribunales. Sin embargo, en este caso, ha perdido esta primera batalla.

La asociación alegó, entre otros motivos, la inexistencia de una ordenanza específica para la ZBE y la anulación de la Ordenanza de Tráfico o Movilidad. Sin embargo, el juzgado considera que el acto impugnado no regula la circulación ni el uso de las calles, sino que se limita a adjudicar el contrato para el suministro e instalación de los equipos necesarios para la puesta en marcha del sistema, como las cámaras para controlar el acceso de los coches.

La sentencia razona que la existencia, delimitación y pormenores de la ZBE derivan del proyecto aprobado el 10 de junio de 2024 y de los pliegos para la licitación del contrato aprobados el 2 de septiembre de ese mismo año, actos que no fueron recurridos y que han alcanzado firmeza. Asimismo, el magistrado sostiene que la falta de una ordenanza ya aprobada no constituye causa de nulidad de la adjudicación, pues dicha ordenanza se estaba tramitando y ya existía previamente un plan de movilidad y un proyecto de la Zona de Bajas Emisiones.

Por lo tanto, el fallo judicial desestima el recurso de la Asociación de Vecinos El Perenquén, ratifica el acto impugnado por ajustarse a derecho e impone las costas procesales a la parte recurrente. También en este caso cabe recuso de apelación. De esta forma, ambas resoluciones judiciales refuerzan la posición municipal sobre la tramitación de la Zona de Bajas Emisiones. El Ayuntamiento recuerda que está obligado por ley a implantarla.

¿Cuáles serán los vehículos afectados?

En el municipio de Santa Cruz de Tenerife, las restricciones de acceso a la ZBE, que coincidirá con el casco histórico de la ciudad, «se aplicarán solo a aquellos vehículos de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2001», es decir, que tengan más de 25 años, y «a los de diesel matriculados antes del 1 de enero de 20o6», es decir, que tengan más de 20 años. Así se establece en la nueva Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, que la Junta de Gobierno aprobó el 13 de abril de manera inicial. El documento se encuentra actualmente en exposición pública hasta el 22 de junio.

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