Una edil socialista en Santa Cruz denuncia acoso laboral y pide amparo a la dirección nacional del PSOE

La denuncia de una concejala del grupo socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz ante la dirección nacional del PSOE solicitando amparo al entender que sufre acoso laboral ha abierto la caja de Pandora en la formación mayoritaria del pleno capitalino, que logró en las pasadas elecciones diez de las veintisiete actas y atraviesa ahora una evidente fractura interna.

El origen de la división se hace visible hace dos semanas, cuando la concejala Alana Chinea se dirige a la dirección federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid solicitando amparo ante lo que considera un episodio de acoso laboral. Aunque la edil ha optado por guardar silencio sobre el contenido de la denuncia presentada, todo habría comenzado hace tres semanas, cuando el secretario de Organización del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, Andrés Martín Casanova, le comunicó que debía encargarse de abrir y cerrar la sede de la agrupación local todas las tardes, de lunes a jueves, entre las 17:00 y las 20:00 horas. Alegaba motivos organizativos ante la próxima precampaña electoral.

La edil interpreta esta decisión como una represalia derivada de la pérdida de confianza por parte del núcleo duro socialista en el Consistorio, pese a que diariamente comparte espacio de trabajo con la portavoz del grupo y adjunta a la Secretaría de Organización, Mónica Brito, y el propio Martín Casanova.

Ferraz como vía de amparo

La concejala denunciante acude a Ferraz dado que la federal es la responsable del personal que contrata el partido en toda España, si bien en cada agrupación local es el secretario de Organización quien actúa como ‘jefe de personal’.

En la comunicación remitida a Ferraz, en la que Chinea solicita amparo, hace constar el presunto acoso laboral por la insistencia de Martín Casanova en marcarle las instrucciones, descartando la posibilidad de negociar. Además, tampoco tuvo respuesta por parte de la jefa de filas en Santa Cruz, Patricia Hernández, quien no atendió la solicitud de reuniones para exponer la situación. La comunicación se amplía dando cuenta del deterioro de la relación en el último año, que también ha tenido consecuencias añadidas, como el veto a las propuestas de mociones y preguntas dirigidas al pleno, que no superaron el filtro de la presidenta del grupo municipal y de su portavoz.

Los grupos municipales de la Corporación santacrucera cuentan con un número de liberados en función de sus resultados electorales, y al PSOE le corresponden dos. Martín Casanova disfruta del 100% de liberación, mientras que Matilde Zambudio y Alana Chinea comparten al 50% una asignación económica vinculada a un contrato suscrito directamente con la dirección nacional del partido, responsable de las relaciones contractuales del personal en España.

Tras la modificación de las condiciones del contrato de Chinea para completar el 50% de la asignación económica como concejala, con el pago de unas horas por su labor en la agrupación local, la edil sostiene que la dirección del partido en Santa Cruz intenta alterar sus funciones como represalia, pese a que el vínculo contractual depende orgánicamente de Ferraz.

Sin noticias de la denuncia

Tanto la dirección regional como la insular aseguran desconocer la denuncia presentada por la concejala ante la ejecutiva federal, subrayando así, a su juicio, las garantías de confidencialidad del procedimiento interno ante posibles casos de hostilidad laboral.

La propia presidenta y jefa de filas de los socialistas santacruceros, Patricia Hernández, asegura no tener «constancia de ninguna denuncia de acoso laboral».

El núcleo duro de los socialistas en el Ayuntamiento se limita en la actualidad a la exalcaldesa Patricia Hernández –presidenta del grupo municipal–, a Mónica Brito, quien fuera su jefa de Protocolo durante su año como regidora y su mano derecha tras formar parte de la candidatura de 2023 –además de actual portavoz socialista–, y Andrés Martín Casanova, también edil en la capital tinerfeña.

Al margen de esta situación, Mónica Brito se encuentra en servicios especiales como funcionaria del Ayuntamiento de Santa Cruz, mientras Patricia Hernández percibe su sueldo del Parlamento de Canarias como diputada y miembro de la Mesa de la Cámara.

Malestar en el grupo

El deterioro de las relaciones internas se acelera tras el ascenso de Mónica Brito a la portavocía del grupo municipal y como adjunta a la Secretaría de Organización en Santa Cruz, después de la baja de José Ángel Martín a raíz del enfrentamiento con un dirigente vecinal en la anterior campaña electoral. El cambio marcó un punto de inflexión: del perfil dialogante y conciliador que se le reconoce a su antecesor al carácter más firme y contundente de Brito, que ha acabado por marcar distancias entre el núcleo duro y el resto.

Desde el inicio del mandato, la exjefa de Protocolo de Patricia Hernández ha consolidado su papel como persona de máxima confianza de la exalcaldesa, mientras aumentaba la distancia con el sector integrado por Florentino Guzmán Plasencia, Antonio Rodríguez y Heriberta Granado. Elena Mateo y Alana Chinea han mantenido un perfil discreto, mientras Matilde Zambudio conserva una relación cordial tanto con Hernández como con el resto del grupo, que se fraguó gracias al apoyo que le dio como concejala de Ciudadanos y que aupó a la socialista a la Alcaldía.

Por el camino, tres concejales han pasado por el pleno municipal por motivos personales ajenos al conflicto interno: José Sabaté, Ana Delia Darias y Eduardo Medina.

Desde el inicio del mandato en 2023, las fuentes consultadas aseguran que no se ha celebrado ninguna reunión en el seno del grupo socialista y también sostienen que las visitas a los barrios se limitan a los afines a la líder del PSOE. También aseguran que la elección de qué mociones y preguntas se llevan a pleno corresponde a la decisión exclusiva de Hernández, sin que medie consulta con el resto de su equipo. Es más, todas y cada una de las iniciativas políticas que se llevan a la comisión de control o a la sesión ordinaria del último viernes de mes se atribuyen siempre a la jefa de grupo junto al autor de la iniciativa.

La desconfianza también se ha extendido entre varios concejales después de que se atribuya a Alana Chinea la grabación de conversaciones mantenidas con Andrés Martín Casanova tras ser citada para comunicarle sus nuevas tareas en la agrupación. Después de trascender ese hecho, el núcleo duro del grupo llegó a considerar que el despacho municipal había dejado de ser seguro para abordar asuntos políticos y hasta establecer estrategias de partido.

Investigación interna

El protocolo que establece la dirección federal del PSOE señala que la investigación comienza con una entrevista a la denunciante y contempla posibles medidas cautelares, como cambios organizativos, permisos retribuidos temporales, asistencia psicológica o reordenación del trabajo para proteger a la presunta víctima.

La investigación dispone de un plazo de 20 días hábiles, ampliable en casos excepcionales. Posteriormente debe emitirse un informe con conclusiones, en el que se dé cuenta de las pesquisas realizadas, así como de las medidas preventivas y propuestas de actuación. Todo ello, además, a las puertas de la precampaña electoral de mayo de 2027.

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