La Zona de Bajas Emisiones restringe el acceso al centro de Santa Cruz de Tenerife a 13 de cada 100 coches

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó de forma inicial la ordenanza municipal que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que debe culminar su tramitación el próximo 30 de junio y que afectará a trece de cada cien vehículos que transitan en el centro de la capital, según explicó la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso.

La responsable del área incluso admitió que, de no ser por las excepciones que se han incorporado en la normativa, se podrían haber visto afectados el 30% de los coches y camiones que operan a diario en el ámbito de afección de la Zona de Bajas Emisiones que, como recordó el concejal del PP, Carlos Tarife, queda comprendida grosso modo entre el Mercado Nuestra Señora de África, Méndez Núñez y la avenida de Anaga.

Restricciones y sanciones

Evelyn Alonso recordó que las restricciones a la Zona de Bajas Emisiones estarán en vigor de lunes a viernes, de siete de la mañana a ocho de la noche, y recordó para aquellos que no tengan la autorización porque sus vehículos incumplen los requisitos de la normativa, que las sanciones se harán efectivas a partir de 2029... como quien invita a cambiar de vehículo en los próximos tres años.

Desde la oposición, el portavoz de Vox, Alejandro Gómez, recordó el rechazo que siempre ha mantenido su formación a esta normativa al considerar que restringe un derecho fundamental como es la libre circulación precisamente a quien paga sus impuestos para transitar.

A diferencia de los datos aportados por la concejala de Movilidad de Santa Cruz, el líder de la formación de ultraderecha en la capital recordó que, según datos del padrón, se ven afectados el 30% de los residentes en la Zona Centro, o el 32% de vehículos de no residentes. Y se fue a la mayor. Del parque móvil que no tendría permiso para transitar por el centro, el 56 por ciento serían furgones o camiones que incumplen la norma... precisamente para trabajar.

Críticas de la oposición

Si en algo estuvieron de acuerdo Alejandro Gómez y la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, en el pleno municipal de este jueves es que no tuvieron el tiempo suficiente para consultar la documentación y encima coincidió con tareas de mantenimiento en la red informática, a lo que Evelyn Alonso les recordó que estaba a disposición desde la comisión de Presidencia para preparar la sesión. También coincidieron Gómez y Hernández en que el expediente no incluye el preceptivo proyecto, mientras la edil de Movilidad aseguró que sí existe y se aprobó en 2024.

Más allá de las formas de la gestión, la portavoz socialista entró en el fondo de la ordenanza al preguntar por qué el grupo de gobierno ha elegido aplicarla en la Zona Centro de la capital, cuando otros enclaves susceptibles son los márgenes que lindan con la autopista.

Patricia Hernández, que no obtuvo respuesta a por qué la concejala de Viviendas Municipales firma uno de los trámites de la Zona de Bajas Emisiones, incidió en la zona elegida para cuestionar que sean determinantes los datos elegidos sobre emisiones, pues se toman de referencia los aportados desde las estaciones instaladas cerca de la Casa Cuna, Tomé Cano, Vuelta de los Pájaros, la charca de Tristán, Piscina Municipal García Escámez o el parque de La Granja. Precisamente este último enclave es el más cercano al centro, a casi dos kilómetros...

La exalcaldesa echó de menos que se invocara la calidad del aire con datos de un informe genérico a nivel nacional entre 2001 y 2022 o incluso un estudio de China. «No entiendo por qué se elige esta zona ni el objetivo», se cuestionó.

La concejala de Movilidad defendió que se han aportado todos los estudios necesarios para explicar la incidencia del ruido en la salud y defender que no vale una norma estatal dadas las peculiaridades de cada ciudad y advirtió que esta normativa corre el riesgo de decaer, como ha ocurrido en otras ciudades donde se ha judicializado.

Treinta días de información pública

Al término del debate previo a la aprobación inicial, que da paso a treinta días de información pública, el alcalde recordó que todas las ciudades deben cumplir con el precepto establecido por el Gobierno de poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones, aunque no compartan esta directriz que establece el Gobierno central.

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