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El Estado inicia los trámites para proteger el antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno central incoa la declaración del silo de Santa Cruz de Tenerife como Bien de Interés Cultural y sentencia que ya no será posible su demolición

Antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife.

Antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife. / María Pisaca

Santa Cruz de Tenerife

El Ministerio de Cultura del Gobierno central ya ha iniciado los trámites para proteger el antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife, situado en el Dique del Este del Puerto, junto a la autovía de San Andrés. En concreto, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes ha incoado el expediente para que este viejo edificio sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC), como patrimonio industrial, "máxima categoría de protección del patrimonio histórico español de acuerdo con la Ley 16/85 de 25 de junio".

El Estado destaca en un comunicado oficial que el antiguo silo de la capital chicharrera, que pertenece a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, es el único ejemplo de silo de tipo portuario que se conserva actualmente en España. Éste fue construido en los años 60 para el almacenamiento de cereales, ante la escasez, dentro de la política implementada por el régimen franquista a través del Servicio Nacional de Trigo. El edificio dejó de utilizarse hace más de 30 años. Este inmueble pertenece al tipo P, una de las veinte tipologías de silos que se diseñaron en el país. De dicha tipología, específica para zonas portuarias y para garantizar el tránsito de los cereales, sólo se construyeron dos edificaciones, una en el Puerto de Málaga y otra en el de Santa Cruz de Tenerife. La de Málaga fue derribada.

Ante el anuncio de su posible demolición, según explica el Ministerio de Cultura, tanto la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias como el Colegio de Arquitectos de Tenerife (COA) solicitaron al Ministerio de Cultura, como organismo competente en la materia, su protección y salvaguarda. "La incoación del expediente supondrá la protección del silo y, por lo tanto, no será posible su demolición".

El inicio de los trámites para proteger el silo por parte del Ministerio de Cultura se produce un día después de que el Puerto de Santa Cruz de Tenerife anunciara la suspensión del procedimiento de licitación del derribo del silo, para cuya ejecución ya se había elegido a una empresa. A la Autoridad Portuaria no le ha quedado otro remedio que recular y paralizar la demolición, a pesar de su empeño por eliminar este inmueble para poder ganar espacio para la actividad portuaria.

El silo de Santa Cruz de Tenerife es un edifico de más de 30 metros de altura "con una presencia extraordinaria en el entorno de la ciudad por su estructura volumétrica, altura y ubicación", resalta el Gobierno central. Se construyó en los años 60 del siglo pasado siguiendo el proyecto de Joaquín Soriano y Benítez de Lugo. Se trata de un edificio de arquitectura industrial de estilo racionalista, único dentro de los silos de la Red Nacional de Silos y Graneros, un sistema de almacenamiento de trigo basado en los grain elevators norteamericanos, "en el que prima su función, la seriación modular, la nitidez geométrica de los volúmenes y la ausencia de ornamentos".

Además, resalta el Ministerio de Cultura, todavía conserva parte esencial de su maquinaria y supone un testimonio de uno de los planes destacados dentro de la política de autarquía y autoabastecimiento de los años de la posguerra, "siendo un ejemplo de gran interés para comprender una época de la historia socioeconómica y de la técnica de la España contemporánea".

El Ministerio de Cultura trabaja actualmente en la incoación de este expediente que, una vez publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado), constituirá la primera fase del proceso de declaración de un Bien de Interés Cultural. Una vez iniciado, se aplica de forma provisional la máxima protección prevista en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Tras este paso, comenzará el periodo de información pública, en el que se valorarán los informes técnicos, las posibles alegaciones y se dará trámite de audiencia a los interesados. La última fase del proceso será la elevación de la propuesta al Consejo de Ministros.

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