El Cabildo advierte al Puerto de Santa Cruz de Tenerife de "responsabilidades" si no informa sobre el estado y los valores del polémico silo

El polémico derribo del antiguo silo de grano del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, el único de este tipo que queda en España, sigue provocando reacciones entre las diferentes administraciones, dirigidas a intentar salvar el edificio. El Cabildo de Tenerife advierte a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife de que podría incurrir en "responsabilidades" si no facilita información sobre la situación y los valores del antiguo silo de grano que ésta quiere demoler. La Corporación insular resalta que, desde el primer momento, ha instado formalmente al organismo estatal a elaborar un estudio técnico sobre los valores patrimoniales del polémico inmueble, tal y como establece el artículo 37 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, siendo ésta una competencia que corresponde al Puerto chicharrero.

En este sentido, el Cabildo señala que ha ofrecido a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife su colaboración y plena disposición para analizar conjuntamente la situación del edificio, "sin que hasta la fecha se haya recibido información sobre el resultado de las actuaciones ni sobre las conclusiones alcanzadas". Asimismo, la Corporación insular comenta que ha atendido todas las solicitudes de información recibidas tanto del Colegio Oficial de Arquitectos (COA) como del Ministerio de Cultura, en el marco del procedimiento abierto por este último para recabar datos sobre las características del inmueble. En ese expediente, el Cabildo ha reiterado la necesidad de que se lleve a cabo el citado estudio de valores patrimoniales por parte del Puerto de Santa Cruz.

El consejero de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico, José Miguel Ruano, manifiesta que no se puede seguir dilatando una cuestión que afecta directamente a la protección del patrimonio y a la seguridad jurídica de las decisiones que se adopten sobre este edificio. Ruano añade que la Autoridad Portuaria tiene la obligación de informar y de actuar conforme a la normativa vigente. "No hacerlo podría derivar en responsabilidades patrimoniales que deben evitarse con transparencia y rigor técnico", advierte.

Éste insiste en que, a pesar de que las competencias sobre el inmueble corresponden a la Administración General del Estado, desde el Cabildo de Tenerife se sigue mostrando total disposición a colaborar en todo lo necesario, "pero esa colaboración debe basarse en información clara y en el cumplimiento de la ley".

Esta advertencia realizada por parte del Cabildo de Tenerife se produce un día después de que el Gobierno de Canarias anunciara que la Alta Inspección de Patrimonio y Cultura quiere entrar en el polémico silo de grano para comprobar si se encuentra en estado de ruina y para valorar alternativas para su preservación. Tal y como lo adelantó El DÍA , el Ejecutivo canario ha remitido un escrito al Puerto chicharrero para solicitar una visita «técnica e institucional» al citado inmueble. La Dirección General de Patrimonio Cultural también ha pedido al Ministerio de Cultura del Gobierno central, como titular del edificio, que frene la demolición.

El silo de grano de Santa Cruz de Tenerife, construido en los años 60 para el almacenamiento de cereales, ante la escasez, dentro de la política implementada por el régimen franquista a través del Servicio Nacional de Trigo, y que dejó de utilizarse hace más de 30 años, se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Puerto chicharrero. En octubre , la Autoridad Portuaria licitó, por un importe de 1,5 millones, la demolición de este edificio, por considerar que se trata de una construcción obsoleta, que se encuentra en estado prácticamente de ruina. La licitación sigue su curso y la adjudicación de las obras está a punto de producirse, pues ya se han analizado las propuestas de las siete empresas participantes.

Tras conocer la intención del Puerto, el Colegio Oficial de Arquitectos exigió la suspensión de la demolición, defendiendo los valores patrimoniales e históricos del edificio, al tratarse del único silo portuario que queda en España. En noviembre, el COA se reunió con el Puerto y éste se comprometió a parar la demolición si la citada entidad encontraba un concesionario, para lo que le dio un plazo de seis meses. Sin embargo, a punto de cumplirse dicho plazo, el Colegio Oficial de Arquitectos acusó a la Autoridad Portuaria de bloquear la recuperación del silo, indicando que tenía una propuesta, la del delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, Manuel Martínez, que planteó la posibilidad de convertirlo en una incubadora tecnológica, pero «el Puerto de Santa Cruz ha impedido el acceso al edificio para comprobar su estado».

La Autoridad Portuaria sigue adelante con el proceso de licitación de la demolición del silo, mientras que el Gobierno canario ha solicitado al Estado que frene la demolición y ha exigido al Puerto que le abra las puertas del inmueble para comprobar su estado. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cuyo Catálogo de Bienes recomienda al organismo estatal la protección del silo, plantea buscar una solución entre todas las administraciones, y ahora el Cabildo, que ya le había solicitado un estudio al Puerto sobre el silo, le advierte que podría incurrir en responsabilidades si no lo hace.

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