Cuenta atrás para el derribo del último silo portuario de España en Tenerife

El último silo portuario tipo P que se conserva en España podría desaparecer en cuestión de semanas en Santa Cruz de Tenerife. El antiguo silo de grano, ubicado junto a la autovía de San Andrés, se encuentra ya en proceso de licitación para su derribo, con siete empresas presentadas y una adjudicación cada vez más próxima.

La operación, impulsada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, cuenta con un presupuesto cercano a 1,5 millones de euros y avanza en una fase decisiva. Este escenario ha activado todas las alarmas en el Gobierno de Canarias, que advierte de una pérdida "real, inmediata e irreversible" de patrimonio industrial si no se actúa de forma urgente.

Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha solicitado al Ministerio de Cultura la adopción de medidas cautelares para frenar la demolición. A través de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, defiende que la protección del inmueble corresponde al Estado al estar situado en dominio público portuario, por lo que reclama su intervención inmediata.

Para Canarias, no se trata de una infraestructura más. El silo posee un alto valor histórico, arquitectónico y simbólico, además de ser el único de su tipología que sigue en pie en el país tras la desaparición del de Málaga. Su derribo, sostienen, supondría vulnerar el deber de conservación del patrimonio recogido en la Constitución.

El derribo del inmueble está sometido a licitación pública

El Gobierno autonómico plantea tres medidas concretas: abrir un proceso de diálogo con Puertos del Estado, paralizar de forma cautelar la demolición y estudiar la declaración del edificio como Bien de Interés Cultural (BIC), una figura que garantizaría su protección.

La defensa del silo ha sumado también apoyos institucionales. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recomendado su conservación por su relevancia histórica, mientras que el Cabildo insular ha solicitado un estudio técnico previo a cualquier intervención y ha mostrado su disposición a colaborar.

En paralelo, el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro ha intensificado su ofensiva contra el derribo y denuncia que se ha bloqueado una posible alternativa para reutilizar el edificio. Según la entidad, un posible concesionario —vinculado al Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife— mostró su interés en analizar el inmueble, pero no pudo realizar una visita técnica al no recibir autorización de la Autoridad Portuaria.

A juicio de los arquitectos, esta negativa evidencia el "nulo interés" por explorar soluciones distintas al derribo. Además, subrayan que conservar el silo evitaría no solo la pérdida de una infraestructura única en España, sino también el desembolso de más de un millón de euros de dinero público.

Planteamiento de una alternativa para conservar la infraestructura

Como respaldo a esta postura, los arquitectos Fernando Arocha y Raquel Guanche, especialistas en conservación del patrimonio edificado, han elaborado un informe preliminar en el que concluyen que el inmueble debería someterse a una evaluación técnica directa antes de adoptar una decisión irreversible. El estudio apunta, además, que no se encuentra en estado ruinoso, lo que cuestiona uno de los argumentos utilizados para justificar su demolición.

El informe ya ha sido remitido al Ministerio de Cultura y a Puertos del Estado. De hecho, el departamento estatal ha solicitado al Cabildo de Tenerife un análisis sobre el edificio, un movimiento que podría abrir una nueva vía para su protección.

El silo fue construido en los años 60

Construido en los años 60 dentro de la Red Nacional de Silos y Graneros impulsada durante el franquismo, el silo de Santa Cruz alcanza los 34 metros de altura y lleva más de tres décadas sin uso. Aun así, sigue siendo un elemento reconocible del paisaje portuario y del imaginario colectivo de varias generaciones.

Frente a las peticiones de conservación, la Autoridad Portuaria mantiene que se trata de una infraestructura obsoleta y sin posibilidad de recuperar su función original. Sin embargo, la polémica se ha intensado en las últimas semanas, especialmente después de que el propio Puerto se mostrara tiempo atrás dispuesto a suspender el derribo si aparecía un proyecto alternativo, una opción que ahora vuelve a estar en entredicho.