El silo de grano de Santa Cruz de Tenerife no logra salvarse del derribo: el Colegio de Arquitectos acusa al Puerto de bloquear su reutilización

El antiguo silo de grano de la capital chicharrera, situado junto a la autovía de San Andrés, no logra salvarse del derribo anunciado por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. El Colegio Oficial de Arquitectos (COA) acusa al Puerto de bloquear e impedir la reutilización de este imponente edificio, a pesar de que, en noviembre del año pasado, se llegó a un acuerdo para intentar buscar una solución.

La Autoridad Portuaria señaló en aquel entonces que estaba dispuesta a suspender la demolición del silo si el COA encontraba un concesionario interesado en el inmueble. Sin embargo, según explica el Colegio de Arquitectos, el organismo estatal ha impedido el acceso al silo, para comprobar su estado, al único concesionario que han encontrado en el plazo de seis meses que otorgó el Puerto, en concreto, al delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca. "El Puerto ha rechazado la vía para reutilizar el silo y sigue adelante con un derribo de más de un millón de euros".

El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro ha confirmado que cuenta con un posible concesionario dispuesto a estudiar la reutilización del silo de Santa Cruz de Tenerife, construido durante el régimen franquista y "único en España tras la demolición del ubicado en Málaga". En concreto, el interés ha sido trasladado por Manuel Fernando Martínez Álvarez, delegado especial del Estado en la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife, "entidad que solicitó el asesoramiento técnico del COA de cara a realizar la pertinente visita a la instalación". El Delegado del Estado ha comunicado su disposición a analizar el inmueble y ofrecer una alternativa que permita conservar la infraestructura y su valor patrimonial, con el fin de trasladar esta posibilidad a los órganos de gobierno de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife, explica el COA.

"Sin embargo, y según le ha trasladado la Zona Franca al Colegio de Arquitectos, la Autoridad Portuaria ha rechazado la visita técnica solicitada para evaluar el estado actual del inmueble. Esta negativa toma más importancia después de que la Plataforma de Contratación del Sector Público publicara las ofertas de las empresas que aspiran a demoler el silo". En total, son siete las que optan a ejecutar el derribo del inmueble, que supondrá un coste de un millón de euros, aproximadamente.

Desde la institución colegial "no se comprende" la negativa, por parte del Puerto chicharrero, a estudiar la viabilidad de la alternativa presentada, lo que "supondría la conservación de una infraestructura única en España, cuyo valor patrimonial y cultural está más que contrastado". "Esta propuesta no solo evitaría la demolición, sino que, además, evitaría el despilfarro de más de un millón de euros de las arcas públicas". Asimismo, el COA considera que la dilatación de los plazos y los argumentos de la Autoridad Portuaria ponen de manifiesto el "nulo interés" por alcanzar un acuerdo que permita la conservación del silo.

Como parte de las acciones realizadas por el COA, los arquitectos Fernando Arocha y Raquel Guanche, expertos en conservación de patrimonio cultural edificado, "demuestran" en un informe técnico preliminar que el silo reúne las características y condiciones, al menos, para una evaluación técnica directa por parte del concesionario, antes de tomar una decisión irreversible. "El estudio no solo aporta una argumentación técnica patrimonial, sino que añade una valoración realizada a partir de un análisis planimétrico de la documentación existentes, así como material fotográfico que confirma que la instalación no se encuentra en estado ruinoso, tal y como argumenta la Autoridad Portuaria".

El Ministerio de Cultura solicita un informe al Cabildo

El informe ha sido remitido al Ministerio de Cultura y a Puertos del Estado, al considerar el COA que ambas instituciones cuentan con la capacidad administrativa suficiente para intervenir y evitar el inminente derribo. "Fruto de esta acción, y basándose en el valor histórico, arquitectónico y cultura del único silo portuario de España, el Ministerio de Cultura, ya ha solicitado un informe al Cabildo de Tenerife", anuncia el Colegio de Arquitectos.

Único

El informe recuerda que en España solo se construyeron dos silos portuarios, dentro de la denominada Red Nacional de Silos y Graneros, que responde a una época histórica en la que se entendía vital contar con una instalación de este tipo. "Tras la desaparición del ubicado en Málaga, el silo tinerfeño no solo es el único con estas características, sino que forma parte de la configuración de la ciudad y del imaginario colectivo de los tinerfeños". El documento recoge numerosos casos de conservación y reutilización de infraestructuras de este tipo, como la reconversión del silo de la SZHK Biennale (China); la transformación del Zwarte Silo (Países Bajos) o incluso, en España, la recuperación del silo de Almagro.

En octubre del año pasado, EL DÍA adelantó la intención del Puerto de Santa Cruz de demoler el antiguo silo de grano, que dejó de utilizarse hace más de 30 años. La Autoridad Portuaria licitó, por un presupuesto de casi 1,5 millones de euros, la demolición de esta imponente edificación, construida en los años 60 para el almacenamiento de cereales, ante la escasez, dentro de la política implementada por el régimen franquista a través del Servicio Nacional de Trigo.

La Autoridad Portuaria explicó, en ese momento, que se había tomado la decisión de derribar este inmueble,que alcanza unos 34 metros de altura, porque se trata de una construcción obsoleta, "para la que no existe posibilidad alguna de recuperar el uso de almacenamiento de grano, que es para lo que fue diseñada y construida". Un mes más tarde, y debido al rechazo manifestado por el Colegio de Arquitectos con respecto al derribo, el Puerto, a través de su presidente, Pedro Suárez, manifestó que estaba dispuesto a frenar la demolición si el COA encontraba un concesionario interesado en el edificio, dándole un plazo de seis meses. Pero, y según el Colegio de Arquitectos, el organismo estatal no tiene interés alguno de llegar a un acuerdo y la licitación sigue su curso. Se han presentado siete empresas y la demolición está a punto de adjudicarse.

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